A escala menor, la consulta es un reflejo del conflicto descarnado entre un Gobierno popular y representante, pese a sus contradicciones, de las grandes mayorías indígenas explotadas, y una élite privilegiada, minoritaria, excluyente y extremadamente racista. A escala mayor, es el campo de batalla que enfrenta a los intereses imperiales con la dinámica de integración latinoamericana profunda que pregona el ALBA. Por ello, todos los movimientos de estos días no se pueden interpretar en absoluto al azar, sino marcados por la lógica de la lucha por la hegemonía.

Desde hace meses, diversos analistas han planteado la hipótesis de que ahora Bolivia «es el eslabón más débil de la cadena», es decir, el país menos consolidado del «bloque rojo», y por ello el más susceptible de sufrir un desplome. El argumento no es descabellado, ya que desde hace más de uno año, el Ejecutivo de Evo Morales ha ido perdiendo la iniciativa de los primeros momentos, debido a la contraofensiva oligárquica que le ha puesto, en cierta medida, contra las cuerdas. La aprobación tardía y a puerta cerrada de la nueva Constitución, unida a los avisos intermitentes de «ruido de sables», hacen congruente esta percepción.

La activación del «colchón bolivariano» en más de un momento crítico, ha sido vital para la supervivencia del proyecto de cambio popular en Bolivia. El surgimiento de la campaña «Evo: Premio Nobel de la Paz», como iniciativa para legitimar y blindar la figura del presidente boliviano a nivel internacional, unida a las advertencias de Chávez de desatar la «guerra de los cien años si alguien osa agredir a la hermana Bolivia», junto al apoyo sistemático y estratégico de los socios de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), hay que entenderlos en este contexto.

En este marco de guerra supranacional, los pasos dados por la Casa Blanca resultan sumamente reveladores, como hace pocos días lo denunciaba la abogada e investigadora venezolana-estadounidense Eva Golinger. En su estudio exhaustivo sobre la injerencia de EEUU en el país andino, quedaba claro que todos los hechos sucedidos en los últimos dos años no se pueden entender aisladamente, sino más bien como parte orgánica de un plan preconcebido para disolver la democracia boliviana. La designación como embajador de Philip Goldberg, quien había jugado un papel estelar en Kosovo durante la pasada década, había que entenderla bajo estos parámetros. Resulta muy significativo que a finales de 2007, este personaje fuese fotografiado junto a un notable representante de la oligarquía cruceña y más grave aún, al lado de un conocido paramilitar colombiano. A su vez, la captura en marzo de 2006 de dos ciudadanos estadounidenses tras las explosiones en dos hoteles en La Paz, y la más reciente incautación de un gran volumen de munición destinada a un «funcionario diplomático de la embajada», tampoco pueden interpretarse como hechos casuales.

Por otro lado, la presencia de agencias estadounidenses con supuestos fines altruistas pero con ocultos objetivos desestabilizadores, es otro de los ingredientes que habitualmente no faltan. En este caso, la tristemente célebre «Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional» (USAID) está jugando un rol fundamental. En primer lugar, logró penetrar el Poder Judicial boliviano, a través de la táctica de las donaciones económicas. Poco después, el Ministro de Presidencia denunció que el 70% del financiamiento de esta agencia se realizaba sin control ni conocimien- to por parte de las autoridades bolivianas. Los grandes beneficiarios de jugosas sumas han sido empresarios y medios de comunicación de oposición. Por si fuera poco, en febrero de este año, se detectaron pagos de viajes por parte de USAID a los prefectos de los departamentos de la «Media Luna», y a jóvenes líderes derechistas.

Este ataque coordinado entre la oligarquía y Washington, unido a la debilidad gubernamental, podrían hacernos pensar que estamos ante el inicio del fin del gobierno de Morales. Sin embargo, los posicionamientos que en los últimos días han tomado actores regionales e internacionales de gran peso han favorecido coyunturalmente al Ejecutivo boliviano.

En primera instancia, el relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, no sólo consideró el referéndum «ilegal», sino también con un «tinte racista». Por otro lado, la OEA, manifestó su respaldo a la institucionalidad y a las autoridades bolivianas, instando al diálogo, y dejando claro que no iba a enviar ningún observador a la consulta inconstitucional. Paralelamente, autoridades electorales de 14 países de la región apoyaron las resoluciones de la Corte Nacional Electoral contra el referéndum. A su vez, hace muy poco, Brasil propuso la conformación de un grupo de países amigos para mediar en el conflicto interno.

De cualquier manera, el papel clave lo ha jugado el ALBA, con su apoyo irrestricto a la Revolución Boliviana, en su reunión de urgencia del 23 de abril, cuando Chávez, Ortega, y Lage arroparon a Morales. El presidente venezolano volvió a hablar con rotunda claridad: «El imperio quiere frenar la integración de Sudamérica y ha escogido ahora como blanco a Bolivia». El gas boliviano es fundamental para el crecimiento brasileño y chileno, por lo que «si el imperio golpea a Bolivia, estaría desestabilizando el Cono Sur completo».

La negociación quizás sea una baza coyuntural, pero, a medio plazo, la «conciliación» será imposible, como agudamente apunta Guillermo Almeyra.