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Varias organizaciones del Estado español que trabajan en el ámbito de la discapacidad han emprendido un proyecto europeo cuyo objetivo es paliar las carencias observadas en materia de salud y seguridad en el trabajo en lo que específicamente afecta a las personas con discapacidad. Trabajan, por ejemplo, en dotar a pequeñas y medianas empresas de un sistema de prevención de riesgos en el puesto de trabajo que tiene en cuenta de forma especial la situación de personas con minusvalía.

Dos soportes legislativos definen los derechos de este colectivo en materia laboral, la propia normativa en materia de seguridad y salud y la legislación en materia e lucha contra la discriminación.

De acuerdo al primer marco legal, los empresarios estarían obligados a evaluar riesgos y tomar medidas en consecuencia. y en ese contexto general, la norma incluye que hay que «proteger a los grupos especialmente sensibles contra los riesgos que les afectan de manera específica».

acondicionar el puesto

De acuedo a la misma legislación general sobre seguridad y salud en el trabajo, también se especifica que los lugares de trabajo deben acondicionarse «tenidendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos». Se refiere, por ejemplo, a la disposición de puertas, escaleras, duchas, lavabos o retretes, así como al propio puesto de trabajao. La norma dispone asimismo que también los equipos de trabajo deben ser los adecuados, de forma que se garantice que el puesto sea seguro y saludable, y en ese contexto, se apunta como ejemplo la importancia de guardar los principios ergonómicos.

La legislación en materia de lucha contra la discriminación también es de aplicación para exigir a las empresas a que adapten puestos de trabajo y los recursos o equipamientos necesarios para realizar el trabajo y exige expresamente al empresario que realice acuerdos que permitan a las personas con discapacidad no sólo acceder al empleo, sino progresar profesionalmente o tener acceso a formación.

En cualquier caso, los expertos subrayan que «cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo incluyendo a los trabajadores discapacitados y así evitar tanto la discriminación como alcanzar mayor seguridad para todos, son objetivos de responsabilidad empresarial».

Además, destacan que el punto de partida para asegurar la seguridad y salud siempre debe ser la evaluación de riesgos, porque su objetivo es garantizar que nadie se lesione o se ponga enfermo y precisan al respecto, que una evaluación de estas características debe fijarse, por ejemplo, en el diseño de la tarea y las actividades laborales.

Detalla asimismo la necesidad de examinar si los puestos de trabajo y equipos se ajustan a las necesidades individuales, la forma en la que se organizan horarios, los riesgos ante sustancias peligrosas, como productos químicos, ante los que personas asmáticas, por ejemplo, pueden ser más sensibles, o los riesgos sicosociales. Señalan además que la discapacidad puede utilizarse como pretexto para el acoso moral.