La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó ayer su preocupación porque la extradición de catorce paramilitares, ordenada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, deje impunes los crímenes de lesa humanidad que se les imputan.

«La Oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario», señaló en una nota.

Enfatizó que Bogotá debe satisfacer los derechos de víctimas y familiares a «la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición» aun cuando «los victimarios hayan sido extraditados», y recordó que los paramilitares entregados, entre los que está quien fuera el jefe máximo de las AUC, Salvatore Mancuso, «han admitido su responsabilidad».

Son delitos que «en muchos casos constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra, y que en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado» y al situarse entre los más graves no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía o indulto.

En sentido parecido se expresó Human Rights Watch (HRW), que señaló que los «grandes perdedores» serán las víctimas del paramilitarismo y los «grandes ganadores» los políticos, «cuyos secretos están siendo guardados por los jefes paramilitares extraditados», ya que esas entregas a EEUU pueden «socavar» la investigación sobre violaciones de derechos humanos y sobre los vínculos entre paramilitares y políticos pese a enfrentarse a hora a grandes penas de prisión.

HRW recordó que estas extradiciones se producen tres semanas después de la detención de Mario Uribe, primo del presidente, por su vinculación con el paramilitarismo. Con él son ya 63 los congresistas, la mayoría uribistas, investigados desde hace dos años, la mitad de los cuales está en prisión.

«Justo cuando los fiscales locales habían empezado a desenmarañas la página de internet sobre las relaciones de paramilitares con políticos prominentes, el Gobierno ha enviado fuera del país a los hombres que tienen más información».

La entrega a EEUU se produjo en medio del escándalo de la «parapolítica» y justo cuando George W. Bush apura sus últimos meses como presidente para tratar de convencer a la oposición demócrata que controla el Congreso para que apruebe un Tratado de Libre Comercio con Colombia. Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, afirmó que el Gobierno espera que «esto logre persuadir a los líderes demócratas», que «lo vean un señal».

«Luz de esperanza»

Por otro lado, la hermana de Ingrid Betancourt, Astrid, afirmó ayer que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dado a su familia una «luz de esperanza» al decirle que mantiene contactos con la guerrilla, lo que puede abrir una vía para su liberación. Correa, de visita en París, afirmó que durante su gira europea ha podido «contrarrestar la campaña de desprestigio» de Colombia, que acusa a su país de vínculos con las FARC.