Anteayer, jueves, el Parlamento de Gasteiz organizó por primera vez en su historia un homenaje personal y especial para una víctima de un atentado de ETA, en el que altos mandos de la Guardia Civil y agentes de la Ertzaintza participaron en una ofrenda floral a Juan Manuel Piñuel. El acto, al igual que el funeral que le precedió, fue un ensalzamiento conjunto de la Guardia Civil y del resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, en el que tomaron parte la Mesa de la Cámara, el lehendakari, una nutrida representación del Gobierno español y mandos de distintos cuerpos policiales y militares.

Exactamente 24 horas después, el mismo Parlamento que el día anterior había abierto sus puertas y agasajado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la ministra de Defensa, Carme Chacón, reprobaba «la postura que adoptan sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales». Es más, fijándose de forma expresa en uno de los ministros recibidos la víspera con todos los honores en la Cámara autonómica, el acuerdo señala que «reprueba especialmente el total amparo manifestado por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ocho guardias civiles ante las denuncias de torturas de Igor Portu y Martín Sarasola, así como el silencio mantenido posteriormente cuando dichos guardias civiles fueron imputados por el juez como causantes de presuntas torturas».

La iniciativa había partido de Aralar y el tripartito presentó una enmienda de adición, que también fue aprobada, por la que además se exige al Gobierno español «el cese de la práctica de concesión sistemática de indultos a personas condenadas por delitos de tortura».

La proposición fue respaldada por los votos de Aralar, PNV, EA, EB y Ezker Abertzalea, quien intentó que al texto se le añadiera la denuncia de la violenta actitud mantenida por la Ertzaintza con los ciudadanos y ciudadanas que el 22 de febrero, fecha en la que los imputados en el caso de Igor Portu debían declarar, se concentraron ante los juzgados de Donostia. Este añadido fue apoyado por Aralar, pero no por el tripartito.

Tanto el texto inicial como las enmiendas contaron con la rotunda oposición de PSE y PP, que criticaron duramente a los proponentes sólo por el hecho de mantener el debate en el orden del día.

Tenso debate

Antes de que llegara a la tribuna de oradores Aintzane Ezenarro, tomó la palabra el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, para pedir -dado «lo excepcional del momento»- que el punto no se tratara en el pleno de ayer, para no empañar la imagen de unidad que estaban dando los partidos tras el atentado de Legutio y cuando la fotografía del guardia civil muerto estaba todavía colocada en la escultura instalada en la entrada de la Cámara. En cualquier caso, advirtió de que si su requerimiento no era atendido, intervendría «con toda la dureza».

Aintzane Ezenarro mantuvo su proposición, que ya había sido pospuesta con anterioridad en otro pleno. La representante de Aralar explicó que «por muy fuerte que sea esta situación, esto no nos puede llevar a restar importancia a otras actitudes que también son denunciables».

Tanto Ezenarro como los portavoces de EB, EA y PNV subrayaron que la adopción de medidas para evitar o erradicar la tortura van en defensa del Estado de Derecho y contribuyen a restar argumentos a quienes «manipulan» la existencia de malos tratos para justificar la persistencia de la violencia, en abierta referencia a la izquierda abertzale.

Estos argumentos no convencieron a los portavoces de PSE y PP, que coincidieron en considerar incompatible estar un día en «un homenaje a la Guardia Civil y venir aquí hoy a cuestionar el honor de la Guardia Civil», como afirmó Carlos Urquijo.

«Viva la Guardia Civil»

El representante del PP -que durante unos pocos meses fue delegado del último Gobierno de José María Aznar en la CAV- arrancó asegurando que «hace un mes esta iniciativa era un despropósito y hoy, 48 horas después de la muerte de un guardia civil, es un soberano despropósito», y definió como no decente la negativa a posponer el debate. Tras recorrer el conocido camino de que todos los militantes de ETA reciben la instrucción de denunciar torturas y recordar las acusaciones policiales que pesan sobre Igor Portu, Carlos Urquijo cerró su intervención diciendo que quería dirigir a los proponentes y a los enmendantes, «desde la serenidad y con emoción, sólo cuatro palabras: ¡Viva la Guardia Civil!». Y desde la bancada del PP se escuchó en respuesta un único «¡viva!», que diversas fuentes atribuyeron al parlamentario Santiago Abascal.

Como había anunciado, el discurso del representante del PSE, José Antonio Pastor, fue duro con Aralar y con el tripartito y tachó de «verdaderamente obscena» la iniciativa. Puso en duda que la participación de estos partidos en los actos de condena del atentado sea sincera. También Pastor incidió en la obligación de los militantes de ETA de denunciar torturas y señaló que el Estado español es uno «de los más garantistas» en este terreno, al tiempo que mostraba «nuestro rechazo a la tortura, que no cabe en la Constitución española».

Informes internacionales

Ante la puesta en duda de la veracidad de las denuncias, los portavoces de Aralar y el tripartito esgrimieron los informes de organismos internacionales como la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional. A esto añadieron la existencia de condenas por tortura que nada tienen que ver con Euskal Herria, como el reciente indulto de los poli- cías municipales de Vigo que maltrataron a un detenido de origen senegalés.

El portavoz de EA, Rafael Larreina, esgrimió varias veces durante su alocución datos de un reportaje elaborado por GARA en el que se señala que en los últimos 20 años se ha condenado por torturas a unos 220 agentes, de los cuales no llegaran a 40 los implicados en la detención de militantes independentistas vascos, y al menos 27 de ellos acabaron siendo indultados.

En cuanto a las acusaciones de romper la unidad, la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, recordó que tanto su partido como los miembros del tripartito siguen condenando a ETA antes y después de esta iniciativa y acusó a PSE y PP de tratar de mezclar las cosas interesadamente. Algo que la portavoz del PNV en este debate, Gema González de Txabarri, cali- ficó como una «indecencia».

Por parte de Ezker Abertzalea intervino Itziar Basterrika, que señaló que también su grupo considera que éstos son «momentos difíciles, que hay que superar con el trabajo de todos». A los ya conocidos argumentos sobre la tortura, Basterrika sumó la denuncia por la actitud del tripartito, indicando que en la Cámara critica esta práctica pero después envía a la Ertzaintza a disolver a golpes a quienes hacen esa misma denuncia en la calle, como ocurrió en Donostia el 22 de marzo,

La reprobación de la actitud del Gobierno español fue aprobada con los votos de Aralar, el tripartito y Ezker Abertzalea. En la iniciativa se pide también, nuevamente, la eliminación de la incomunicación y la «grabación de los detenidos», así como investigaciones internas y transparentes de las denuncias.