Mucho se está hablando sobre ética, violencia y víctimas. Hay quien pide condenas por razón ética y quien opina que éstas no resuelven nada porque la paz vendrá tras analizar la raíz del conflicto y buscar una solución que acabe con la violencia.

PNV y PSOE están impulsando mociones exigiendo la dimisión por «dignidad ética» de aquellos ediles que no rechacen los atentados y la violencia de ETA. Argumentan que es indigno e inmoral que personas elegidas por el pueblo y no den ese paso sigan ostentado sus cargos. Aplicando la premisa de estos partidos, apoyada por otros como el PP, es obligado analizar si estas formaciones están legitimadas para plantear estas exigencias.

En las últimas décadas han sido Franco, Carrero Blanco, Arias Navarro, Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar y Zapatero los que han dirigido gobiernos con múltiples expresiones de violencia. A las decenas de miles de asesinados y represaliados por la violencia que Franco implantó tras el golpe militar y posterior dictadura hay que añadir las miles de víctimas producidas por la represión policial, la tortura, las cárceles, la guerra sucia (Triple A, BVE, GAL...) bajo los mandatos de UCD, PSOE y PP. Mucho que aclarar sobre tanta violencia sin condenas y tanta impunidad sin justicia como para que algunos partidos encabecen ahora la defensa de la ética.

Han sido estrategias diseñadas para reprimir luchas que se llevaron a cabo en Euskal Herria con Franco y que han tenido su continuidad. La derecha española, AP o su refundación PP, nunca ha condenado de manera tajante el franquismo, más aún, su fundador y presidente de honor es Manuel Fraga, un afamado ministro franquista, hoy revestido de demócrata, que en otoño de 2002 realizó unas declaraciones en las cuales respaldaba la guerra sucia definiéndola como un «mecanismo de autodefensa» que el Estado utilizaba ante el terrorismo de ETA. Asimismo asumía la actuación llevada a cabo en Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y la catalogaba como «actuación no excesiva», cuando en ella cinco trabajadores fueron asesinados y más de cien resultaron heridos al ser ametrallados por la Policía Armada española.

Ante dichas declaraciones, la Asociación del 3 de Marzo presentó una moción en el Ayuntamiento de Gasteiz al objeto de reprocharlas. La moción no fue aprobada. El entonces alcalde del PP, Alfonso Alonso, haciendo uso de su voto de calidad, deshizo el empate que se había dado tras los votos en contra de PP y UA, la abstención de los concejales del PSOE (entre ellos el actual alcalde, Patxi Lazkoz) y los emitidos a favor del PNV, EH, EB y EA. Unas declaraciones que amparaban la violencia ilegítima del Estado y justificaban la guerra sucia como método de represión hacia Euskal Herria se quedaron impunes y sin rechazo político, dejando en evidencia la catadura moral y ética de algunos políticos que se preciaban de intachables demócratas.

A fecha de hoy tampoco el PNV está legitimado para dar lecciones de ética a nadie, al ser incapaz de tratar por igual a todos los afectados de las diferentes expresiones de violencia existentes en Euskal Herria. Año tras año se perpetúa la desigual consideración dada a los damnificados por la violencia dependiendo del origen de ésta. No tienen el mismo reconocimiento las víctimas de ETA que las de la violencia del Estado. A unas les dan el protagonismo, la palabra, las campañas, les rinden homenajes y recepciones oficiales, se les acoge y ampara en leyes que les resarcen moral y materialmente. A otras, en cambio, se les posterga al mayor de los olvidos y se les impide acceder a esas leyes de reconocimiento. El PNV y el Gobierno vasco deben corregir esa injusticia que una vez más volveremos a ver escenificada en un acto parcial en el Kursaal dedicado a reparar a un solo tipo de víctimas. El dolor y el sufrimiento originado por la violencia es el mismo con independencia de su procedencia, un dolor que en las víctimas olvidadas se incrementa por la impunidad que gozan quienes lo provocan.

Voluntad y valentía política es lo que se necesita para solucionar el conflicto que padece Euskal Herria. Si las políticas de derechos humanos y de atención a las víctimas fueran igualitarias y dirigidas a buscar puntos de encuentro, es seguro que se avanzaría con paso firme a la paz y a la normalización democrática de este país. Ésa es la tarea pendiente, la mejor lección de ética que queda por enseñar, aprender y aprobar; por todos y para todos.