El Gobierno de Silvio Berlusconi ha comenzado a aplicar un paquete de medidas contra la inmigración que sólo pueden ser motivo de alarma, por mucho que Bruselas constate que «hasta ahora» se ha ajustado a las leyes para control de la «inmigración ilegal» que rigen en la UE. La aseveración comunitaria se antoja insoportable a la vista de la vasta operación de detenciones y expulsiones puesta en marcha por Roma, y en la que se han visto afectadas ya unas 400 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana. Sin embargo, no deja de constatar una realidad, como es que los estados europeos han pisado el acelerador en materia de inmigración. Berlusconi puede ser el rostro extremo, pero la caza del emigrante, que termina con personas ahogadas en los ríos o muertas al arrojarse por la ventana, es habitual en el Estado francés, mientras que la espera de la expulsión se salda con casos como el del ciudadano camerunés Ebenizer Sontsa, que se ahorcó el pasado 1 de mayo en un centro de internamiento de Flandes.

Paradójico que Fernández de la Vega tilde de xenófoba la actuación de Berlusconi en vísperas de que el Gobierno español, junto al resto de socios de la UE, debatan una reforma europea que quiere acelerar las expulsiones de «sin papeles», incluso de menores, y amplía a 18 meses su encierro en centros de retención.