«No existe un solo empresario en el País Vasco, sea o no del PNV, que haya sido chantajeado, coaccionado u orientado por el sr. Agirre para el pago de tal extorsión», afirma el escrito presentado por la defensa del ex burukide Gorka Agirre, que ayer compareció en la Audiencia Nacional española, después de que el juez Garzón aceptase revisar el estado procesal del jeltzale, imputado en junio de 2006 por el magistrado Fernando Grande-Marlaska por «colaboración con ETA» en relación con el «impuesto revolucionario».

Agirre, que desde junio de 2006 se encuentra en libertad provisional previo pago de 12.000 euros y con la obligación de presentarse ante el Juzgado cada dos semanas a propuesta de la Fiscalía, está acusado de haber «mediado» entre ETA y varios empresarios a los que la organización armada les pidió el pago de una suma de dinero. El ex dirigente del PNV Gorka Agirre argumentó ayer por la mañana ante el juez Baltasar Garzón que «jamás» realizó ninguna gestión como la que se le imputa.

El ex burukide jeltzale solicitó a Garzón que la Audiencia Nacional revoque su imputación por un supuesto delito de «colaboración con ETA»; para ello, la defensa de Agirre cuenta con los testimonios de, entre otros, el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, del actual mandatario, Iñigo Urkullu, o el también dirigente del GBB del PNV Joseba Egibar; todos comparecerán el lunes en calidad de testigos.

En la comparecencia de ayer, Agirre explicó al magistrado de la Audiencia Nacional que cuando algún empresario se dirigía a él para pedirle consejo, el dirigente jeltzale se ceñía a verificar la autenticidad de las cartas rubricadas por ETA, pero que, acto seguido, les recomendaba «hacer frente al chantaje, no pagar, buscar protección a través de las instituciones competentes y recordar al empresario en cuestión, cuando era afiliado al PNV, que la decisión de no ceder a la extorsión es decisión unánime de partido desde siempre, bajo pena de expulsión».

Arzalluz, contento con Garzón

Según su abogada, Arantza Isasmendi, Agirre reconoció ante Garzón haber atendido «a los industriales amenazados por ETA», pero «únicamente» porque, debido a los años que pasó viviendo en Ipar Euskal Herria, «conocía a mucha gente» y tenía numerosos contactos de ex militantes de la organización.

El ex presidente jeltzale Xabier Arzalluz, que ayer acompañó a Agirre a Madrid, corroboró ese extremo al señalar que vivió en Ipar Euskal Herria para llevar a cabo una labor, «poner una imprenta para hacer propaganda ilegal», encomendada por el partido abertzale durante el periodo franquista.

Arzalluz, además, se mostró «contento» por el hecho de que la causa contra Agirre esté ahora en manos de Garzón y no del juez Grande-Marlaska, que, al parecer del político de Azkoitia, «ha hecho cosas perversas e increíbles en el sumario».