Hace varios años se popularizaron los términos «palomas» y «halcones» para diferen- ciar entre sí a los gobernantes israelíes partidarios de la negociación con los palestinos de quienes únicamente apostaban por la vía del aplastamiento militar y policial. Aunque la coyuntura actual dificulte apreciar esta realidad, una disyuntiva interna similar ha aflorado en el PSOE en los últimos tiempos en relación a Euskal Herria. Fue un debate que tuvo algunas manifestaciones, incipientes y prudentes, durante el proceso de negociación y que se ha zanjado evidentemente con la victoria de los «halcones» y el retorno de las «palomas» a la oscuridad del nido. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, marcaba la línea el pasado 4 de marzo en la Cadena Ser con la siguiente expresión: «Vamos a un largo ciclo de violencia de ETA».

Como expresión gráfica de este realineamiento del PSOE quedan detalles como la continuidad del propio Rubalcaba, el retorno a altas responsabilidades institucionales de José Bono -que se marchó del Gobierno español cuando se oficializó la puesta en marcha del proceso de negociación y ahora ha vuelto para presidir el Congreso-, o incluso el de Ramón Jáuregui -ahora jefe del grupo parlamentario del PSOE tras una trayectoria política que parte de los «años de plomo» del Gobierno de Felipe González-. Pero más significativo resulta que el partido haya decidido «reciclar» a Jesús Eguiguren, el encargado de negociar con la izquierda abertzale durante cinco largos años, para que lance mensajes en la línea definida por Rubalcaba.

Eguiguren, que mantuvo un escrupuloso silencio durante 2006 y 2007, ha vuelto a hablar en las últimas semanas en un diario vasco y otro madrileño para tratar de imputar toda la responsabilidad de la situación actual a la izquierda abertzale. «Vamos a resistir, a sabiendas de que ETA ha perdido la batalla. Sabe que la Constitución no va a cambiar», indicaba por ejemplo el pasado 6 de abril en ``El País''. Un mensaje muy diferente sin duda al de dos años antes, cuando en su única entrevista tras el alto el fuego, a ``El Diario Vasco'', el presidente del PSE defendía el valor del diálogo con la izquierda abertzale o abogaba por modificaciones judiciales «a la luz de este nuevo escenario y esta nueva realidad».

Eguiguren, en coherencia lógica con su papel en las negociaciones, no volvió a hablar en aquellos meses. Pero sí lo hicieron, en la misma línea, otros destacados compañeros de partido como el alcalde de Donostia, Odón Elorza, o el cabeza de lista del PSE al Congreso por Bizkaia, Eduardo Madina. Elorza, por ejemplo, se dirigió directamente a Zapatero para pedirle «gestos para blindar el proceso», entre los que concretaba «decisiones de distensión y humanizadoras» en el ámbito carcelario. Y Madina afirmó cosas como que «siempre he pensado que no sólo este gobierno, sino todos los gobiernos, tiene derecho a intentar terminar con ETA. Es más, tienen la obligación de buscarlo. Partiendo de este sentido, siempre he querido que se crearan las mejores condiciones posibles para que Zapatero pudiera actuar de la mejor forma».

Sobra decir que estas posiciones no encontraron eco en La Moncloa. A día de hoy, la línea oficial marcada por la dirección del PSOE deja viejas incluso afirmaciones como la de Gemma Zabaleta en el cuadernillo especial sobre el proceso de negociación publicado por GARA en setiembre pasado, cuando exponía que el diálogo llevado a cabo «seguro que no ha sido en balde para nadie. Aquellos cimientos seguirán siendo útiles en el futuro, sea cual sea». Y los últimos mensajes de Eguiguren van en la línea de pisotear cualquier amago de expectativa: «El Gobierno, los partidos y la sociedad han escarmentado. Hay una premisa, y es que el adiós a las armas de ETA debe ser definitivo y demostrado con hechos. Pero, además, se han quemado una serie de instrumentos: las dos mesas, etcétera. Un proceso así está superado», ha declarado.

Los mensajes por la legalización

Aunque con cuentagotas, durante esos meses afloraron en el PSOE voces en favor de la creación de condiciones para un proceso que no terminaron de conformar un grupo homogéneo y capaz de incidir sobre Zapatero de modo efectivo. Además de los ya citados, en un ámbito más técnico se advirtieron posiciones como las de Julio Astudillo, «histórico» del PSE y miembro de la Junta Electoral de la CAV, que se sumó en diciembre de 2006 a la iniciativa jurídica por la defensa de un proceso de paz suscrita por 150 magistrados, catedráticos de Derecho, abogados o fiscales. Astudillo matizó que no proponía la derogación de la Ley de Partidos, sino alguna modificación puntual «que permitiese a Batasuna el regreso a la vida política», en concreto a partir de la relectura del artículo 12 de la norma.

En realidad, y aunque hoy todo ello parezca muy lejano en el tiempo y la realidad política, la posición inicial del PSOE ante la Ley de Partidos Políticos fue recelosa y puso de manifiesto una notable incomodidad. Así, en abril del año 2002 los vocales nombrados por este partido en el Consejo General del Poder Judicial suscribieron un voto particular al informe consultivo de este órgano en torno al proyecto de ley. En el mismo se exponían serias dudas de constitucionalidad. Entre los firmantes había nombres tan insignes como el de José Antonio Alonso, que de la mano de Zapatero ha sido posteriormente ministro de Interior y Defensa y, ahora, portavoz en el Congreso. Todo ello ha llevado a algunos medios a situarle como contrario a Ley de Partidos, lo que quizás sea mucho decir. Y en coordenadas similares se ha ubicado tradicionalmente a otro ministro: Mariano Fernández Bermejo, de Justicia.

En realidad, la posición de Alonso, que por entonces sólo era conocido por sus responsabilidades en Jueces para la Democracia, no sonó tanto en aquella época como la de otros referentes del PSOE que hablaron en línea similar. El catedrático de Derecho José Manuel Gómez-Benítez -que ha defendido los intereses del partido en litigios como el de los «tránsfugas» de la Asamblea de la Comunidad de Madrid- apuntaba entonces en un artículo de prensa que «hay serias dudas sobre la constitucionalidad de esta ley» y argumentaba que «ni contra ETA ni, por tanto, contra Batasuna; ni desde la Ley de Partidos ni desde la judicatura vale todo».

En un nivel más práctico fue sonoro también el desmarque de los diputados ligados al entonces president de Catalunya, Josep Maragall, que calificaron la Ley de Partidos de «democráticamente inquietante», «políticamente oportunista y contraproducente» y «jurídicamente deficiente». Pero estas tesis no tomaron cuerpo en 2006, en un momento en que en torno a la cuestión de la ilegalización se jugó la partida previa, lo que Batasuna definió como «la caracterización del proceso». Ganaron los «halcones».

El dictamen «profesional» de muchas de estas personas, en su condición de juristas, ha terminado absorbido por el discurso político imperante en el PSOE. Alonso y Fernández Bermejo son el mejor ejemplo de cómo las dudas técnicas sobre las vulnera- ciones de derechos han quedado enterradas bajo los dictados de Rubalcaba.

«Problema político» en Europa

El mismo debate interno producido en torno a la cuestión de la ilegalización se ha podido rastrear ante otros escollos para abrir vías a la solución, como el de la política carcelaria. En el manifiesto de juristas presentado por Barcelona que ha sido citado anteriormente, y al que se acercaron gentes de la órbita del PSOE, se criticaba el inmovilismo del Gobierno de Zapatero en este terreno. En la presentación del texto, el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo defendió el acercamiento de presos a Euskal Herria y recordó que no supondría «una concesión», sino la estricta aplicación de la ley española.

Y, por encima de todo ello, el debate pendiente del PSOE es el relativo a la cuestión política de fondo. Frente al mensaje estandarizado oficial, tampoco resulta difícil encontrar opiniones tan contundentes y autorizadas como la de Martin Schulz. El pre- sidente del Grupo Socialista Europeo no dudó en afirmar en Radio Euskadi, el día 25 de octubre de 2006 en que el proceso de negociación se abordó en la Cámara de Estrasburgo, que «Europa podrá resolver también el problema vasco, porque es político, absolutamente político».

Sus palabras no están muy lejos de las pronunciadas por Patxi López, secretario general del PSE, el 30 de mayo de 2006, cuando anunció la reunión con Batasuna y apostó por pasar a la fase de «negociaciones incluyentes» para tratar de consensuar un nuevo marco político. Pero el Gobierno de Zapatero puso la Constitución española como límite infranqueable y cerró el camino a otro futuro sin que las «palomas» llegaran a alzar el vuelo.