Los gobernadores opositores de la «media luna» boliviana, que integra a los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, mantienen una confrontación permanente con el Gobierno a causa de la aprobación de la nueva Constitución, lo que les ha impulsado a convocar, por el momento, tres consultas autonómicas.

El Ejecutivo de La Paz subraya la ilegalidad de esos procesos autonomistas al tiempo que reitera su invitación al diálogo a los prefectos opositores para tratar de consensuar una iniciativa que valide los referendos y los adecúe a la nueva Carta Magna. Pero insiste en que el objetivo de la «media luna» es «tumbar al indio» y evitar su revolución democrática y cultural, porque considera que en el fondo subyace el racismo, porque no aceptan ser gobernados por un indígena, Evo Morales.

La nueva Constitución garantiza los derechos de los pueblos originarios, consolida la nacionalización de los hidrocarburos y la reconducción agraria -leyes aprobadas hace años pero que no habían sido implementadas hasta la llegada al poder de Morales-, la revalorización de las culturas ancestrales, las autonomías departamentales e indígenas -en el marco de la unidad nacional- y la lucha contra la corrupción.

Ése es el motivo de la confrontación, el control de la tierra y de los recursos naturales y el perjuicio que un cambio en el status quo puede suponer para los intereses de terratenientes y oligarquía de la «media luna».

Diferenciación

Los departamentos opositores de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando son conocidos como la «media luna», porque con ese dibujo bordean Bolivia de norte a sur y a los cuatro les une el querer diferenciarse del occidente altiplánico, donde se encuentra el núcleo de poder y donde los pueblos originarios son la inmensa mayoría.

Entre los cuatro, donde el desarrollo económico es mayor, aportan el 44% del PIB al país, el 31% del cual corresponde sólo a Santa Cruz. Y es en esos territorios, pero en tierra indígena, donde se encuentran importantes yacimientos de hierro y manganeso y la mayor riqueza petrolífera y gasífera de Bolivia.

La nueva Constitución sostiene que los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, donde el 2 de julio de 2006 ganó el sí en el referéndum sobre autonomías, accederán directamente a la autonomía una vez aprobada la Carta Magna. Una autonomía departamental que otorga varias competencias a sus autoridades, definidas en el nuevo texto constitucional pero que los gobernadores y comités cívicos pretenden ampliar.

Lo que la oligarquía de la «media luna» teme es perder el control sobre los recursos naturales asentados en sus departamentos, los más ricos del país, y las ganancias derivadas de su exportación, ya que las autonomías previstas en la nueva Carta Magna vendrán de la mano del control social.

El departamento de Santa Cruz, motor de la «media luna», ya ha llevado a cabo su consulta autonomista, considerada «ilegal» y «anticonstitucional» por el Gobierno de Bolivia, y en la que el 85% de los sufragios emitidos votó a favor de la autonomía. Pando y Beni lo harán el 1 de junio y Tarija, el día 22. También Chuquisaca se ha sumado a esta fiebre autonomista y pretende llevar a cabo dos consultas: un referéndum autonómico y la elección del prefecto.

Dos de las cuestiones más polémicas de sus estatutos, presentados en julio de 2007, se refieren al nombramiento de sus prefectos o gobernadores -hasta ahora competencia del presidente- y al reparto de la tierra y la gestión de los recursos naturales. En los textos estatutarios se recoge también la creación de asambleas legislativas departamentales y cuerpos policiales locales y la regulación de la migración interdepartamental, entre otras cuestiones.

Durante la presentación, las autoridades cruceñas rechazaron la supuesta pretensión del Gobierno de La Paz de «cercenar las tierras comunitarias de origen y otras formas de propiedad agraria o de producción con fines de asentamientos humanos que amenazan nuestros recursos naturales y el equilibrio de nuestros ecosistemas, afectando el modelo productivo que hemos construido».

De facto

Las autoridades de la «media luna», y con mayor beligerancia las cruceñas, llevan amenazando desde el pasado mes de diciembre con la instauración de facto de su autonomía, pero cuatro meses más tarde y una semana después de que se llevara a cabo el referéndum autonomista, las cosas siguen como estaban. Nada se ha movido.

El periodista boliviano Sergio Cáceres señala, en Alai-Amlatina, que «la ilusión de la autonomía les sirve para movilizar, la posibilidad de la separación -y su anexión a Brasil- les sirve para amenazar. Con esas amenazas -añade- han conseguido tener a todos los gobiernos a raya y han impedido que sus intereses sean afectados. ¿Cuáles son esos intereses? El control de la tierra y los recursos naturales».

De la región del Chaco -Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca- salen los recursos de los hidrocarburos: gas y petróleo. Los principales campos gasífefros, de cuya explotación para la exportación a Brasil y Argentina recibe Bolivia sus principales ingresos, están asentados en territorio guaraní, en sus Tierras Comunita- rias de Origen.

Pero con el objetivo de controlar la tierra y los recursos se mezcla la cuestión indígena. En la «media luna» mandan los «cambas», que es la población blanca y mestiza, que quieren que los indígenas («collas») vuelvan a ser invisibles, especialmente en el oriente del país y en la Amazonía boliviana.

Lo que estos departamentos pretenden, según algunos analistas, es obligar al Ejecutivo de Morales a retroceder en la reforma constitucional que pretende refundar Bolivia con un nuevo concepto de unidad, igualdad y justicia social, y que busca devolver la propiedad de la tierra a sus verdaderos dueños y distribuir la que es improductiva.

La Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) afirman que los comités cívicos y las autoridades de los cuatro departamentos se oponen a autonomías indígenas al mismo nivel que las departamentales. Por eso, la confrontación no es sólo con el Gobierno, sino también con los pueblos originarios, que, aunque defienden la autonomía, están en contra de la que propugnan en la «media luna».

Willem Assies, en su trabajo «La `media luna' sobre Bolivia: nación, región, etnia y clase social», afirma que los indígenas perciben claramente que esa autonomía va «en contra de los intereses de los campesinos y los pueblos indígenas porque busca incluir la implementación de la legislación agraria bajo el contol del departamento, lo que significa estar bajo la influencia de la élite terrateniente».

Autonomía indígena

La Asamblea del Pueblo Guaraní entregó en 2006 al presidente Evo Morales su Plataforma de Lucha Reivindicativa que tiene como objetivo lograr una verdadera y efectiva autonomía indígena, bajo un sistema de reordenamiento territorial que le permita llegar a su propia identidad y autodeterminación como nación guaraní, Iyambae (sin dueño), y como parte integrante de Bolivia.

La lucha de los guaraníes por la recuperación de su tierra y territorio es común, no sólo al resto de pueblos originarios de Bolivia, sino a la mayoría de pue- blos indígenas latinoamericanos. La pérdida de su espacio vital, a la que se resistieron ferozmente en incontables guerras, se inició con la llegada de los invasores españoles en 1520 y continuó después del nacimiento de la República de Bolivia.

Sin embargo, siguen en gran medida esperando y, de hecho, no hace muchos meses se sentían todavía «traicionados» por el Gobierno de Evo Morales, al considerar que éste «sólo atiende a los hermanos aymaras y quechuas», los pueblos originarios mayoritarios en el país, con unos 4.000.000 de personas.

De hecho, no han sido pocas las movilizaciones realizadas para demandar una verdadera nacionalización de los hidrocarburos y la conclusión del todavía pendiente proceso de saneamiento de tierras que comenzó hace doce años.

Este proceso, que se ha convertido en una de las prioridades del Ejecutivo de La Paz consiste en la verificación de la función económica y social de la tierra, que deriva en la reversión de parcelas si éstas no cumplen con la ley.

Las demandas de los guaraníes responden a la necesidad de combatir la extrema probreza que afecta a la mayor parte de su población y a su pretensión de reconstruir la nación guaraní y, con ello, de administrar los recursos naturales que existen en sus tierras, poniendo freno a la depredación de las petroleras transnacionales.

Hasta ahora, la explotación de los hidrocarburos sólo les ha dejado contaminación, destrucción del ecosistema y violación de los derechos individuales, mientras que los beneficios económicos se quedan en las prefecturas de los departamentos.