La creación, el 20 de mayo de 1973, del Frente Por la Liberación de la Saguia El Hamra y Río de Oro (Frente Polisario o FP) supone la consolidación de un movimiento político reconocido por la propia ONU desde 1975, que deberá enfrentarse, con escasísimos medios, al Ejército español primero y, tras el abandono de la colonia, a los ejércitos mauritano y marroquí.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en 1991 el FP ha centrado sus esfuerzos en mantener unas condiciones de vida dignas para la población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia), al tiempo que protagoniza las negociaciones auspiciadas por la ONU y la Unión Africana para la puesta en práctica de los sucesivos planes de paz y, en definitiva, para la administración de la descolonización total del territorio de la República Árabe Saharaui Democrática ocupada en un 75% por Marruecos.

Han pasado los años y el FP, representante legítimo de la sociedad saharaui, cumple 35 años. 35 años con aciertos y también errores, haciendo frente a la inoperancia de una comunidad internacional incapaz de llevar a buen puerto sucesivos acuerdos de paz, una y otra vez rotos por la desfachatez de el régimen marroquí, que al tiempo que bloquea la necesaria transición a la democracia que garantice la paz y el desarrollo para su propio pueblo, impide la autodeterminación del Sáhara Occidental.

Si estudiamos los poderes del monarca alauí, ratificados en la Constitución vigente de 1996 según la cual el rey elige y destituye al primer ministro, quita y pone ministros, aprueba y veta leyes, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y «comandante de los creyentes», es fácil entender por qué la supuesta apertura democrática marroquí, publicitada a bombo y platillo desde gobiernos amigos como el español o el francés, sigue dándose de bruces contra la realidad. Un rey aliado de occidente que sin embargo reclama que su estirpe se remonta al mismísimo Mahoma.

En este contexto, conviene recordar algunos aspectos de este conflicto que con demasiada frecuencia son silenciados:

La Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en su dictamen sobre el Sahara Occidental (1975) consideró aplicable la Resolución 1514 de la Asamblea General a la descolonización de ese territorio y, en particular, el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. Desde entonces, la ONU -tanto el Consejo como la Asamblea- ha adoptado decenas de resoluciones sobre el Sáhara Occidental reconociendo el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación.

El Sáhara Occidental tiene una doble naturaleza jurídica internacional: es un «territorio no autónomo»; pero también es un «territorio ocupado militarmente». Por ello debe quedar sometido a los parámetros jurídicos del Derecho Internacional Humanitario y a la aplicación del IV Convenio de Ginebra. El muro defensivo construido por Marruecos supone una violación flagrante de los principios que rigen los territorios ocupados, que prohíben a las autoridades de ocupación emprender medidas para cambiar su configuración capaces de influenciar el futuro político de estos territorios.

El pueblo del Sahara Occidental posee soberanía permanente sobre los recursos naturales del territorio. Todo estado debe abstenerse de concertar acuerdos con Marruecos que impliquen la exploración y/o explotación de sus recursos naturales.

En las zonas ocupadas por Marruecos persisten las detenciones arbitrarias, la tortura, la falta de garantías ante la Policía y ante los tribunales, y continúa la persecución con juicios penales de marcado perfil político contra líderes saharauis y defensores de los derechos humanos.

«Cuando la guerra se disfraza de paz es la peor de las paces (...) Esa paz que es de guerra vierte sangre en los suelos y es sangre de los cuerpos, maldición repentina, embuste enmascarado». Son versos de Benedetti. Es el día a día del pueblo saharaui. Tras años de espera la paciencia de ese pueblo se agota y el Frente acaba de comunicar que la ronda de conversaciones auspiciadas por la ONU que enfrenta su quinta fase «no puede constituir un fin en sí misma», alertando incluso de la posibilidad de que se reanuden las hostilidades militares. Nadie quiera que eso suceda. No obstante, nadie podrá tampoco hacer al pueblo saharaui responsable de lo que sería una tragedia anunciada, tras años de espera pacífica y confianza en la negociación auspiciada por la ONU.

Sin embargo, es posible diseñar una solución al conflicto del Sáhara Occidental en unas pocas horas de democracia, organizando un referéndum de autodeterminación. No se trata de un conflicto étnico, ni de un conflicto religioso o de dos pueblos por un territorio; es un caso clásico de descolonización inconclusa.

¿Y nosotras qué? Por ejemplo, podemos entrar y firmar en «todosconelsahara.com». Que quede claro: el Sáhara no se vende, de rendirse mejor ni hablamos.