Una ola de racismo recorre Europa
Berlusconi crea el delito de «inmigración clandestina»
Reunido en Nápoles, una ciudad repleta de montañas de basuras y ciudadanos indignados movilizándose en las calles, el Gobierno de Silvio Berlusconi dio una vuelta de tuerca más a la política contra la inmigración basada en la criminalización. La derecha italiana y la criminalización de los gitanos rumanos que se ha registrado las últimas semanas son el rostro más crudo del auge del racismo, pero se trata de una tendencia generalizada en Europa.
GARA | NÁPOLES
El Gobierno derechista de Silvio Berlusconi aprobó ayer que «la inmigración ilegal» sea un delito en Italia, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. Esta decisión fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, celebrado en Nápoles, donde la crisis de las basuras está llegando a niveles críticos.
La tipificación como delito de la «inmigración ilegal» será recogida en un proyecto de ley que se remitirá al Parlamento italiano, mientras que otras medidas de «lucha contra la inmigración ilegal» y consideradas urgentes han sido incluidas en un decreto ley.
La consideración de la «inmigración clandestina» como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi y que fue declarada parcialmente inconstitucional en 2004.
El primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo italiano celebrado ayer examinó también la posibilidad de crear patrullas conjuntas entre el Ejército y la Policía en el marco de las «medidas de seguridad» que aprobó el Gobierno, aunque la idea fue descartada.
Según informó la agencia ANSA, entre las medidas que se aprobaron ayer se encuentran la suspensión de la concesión de la nacionalidad por matrimonio. A partir de ahora, se requerirá, además, dos años de residencia en Italia.
Junto a ello, la norma italiana prolonga hasta los 18 meses la detención a los inmigrantes que vayan a ser expulsados, anticipándose a la directiva europea. En cuanto a los expulsiones, se abre la vía para enviar fuera de Italia a los extranjeros que sean condenados a dos años de cárcel, cuando hasta ahora se necesitaban diez. En este sentido, la condición de «inmigrante clandestino» del autor de un delito será considerada como agravante.
Asimismo, se castigará con hasta cuatro años a quien lleve inmigrantes «ilegalmente» a Italia y con tres años a quien alquile su casa a extranjeros sin papeles.
En una comparecencia realizada en Nápoles antes de regresar a Roma, Berlusconi anunció que declarará «zonas militares» los vertederos y otros lugares relacionados con la gestión de los residuos. Asimismo, señaló que el Gobierno ha escogido cinco emplazamientos para crear nuevos vertederos.
La presencia de Berlusconi en Nápoles fue contestada por hasta diez manifestaciones, que reprochaban al primer ministro no haber prestado atención al problema de las basuras en Nápoles en sus anteriores mandatos, en el que también está implicada la mafia. La ciudad estaba ayer totalmente tomada por la Policía.
Los vecinos de Nápoles se han quejado en repetidas ocasiones de que los proyectos de vertederos están ubicados en zonas demasiado cercanas a las poblaciones, por lo que son perjudiciales para la salud de los vecinos.
Berlusconi anunció también que han nombrado a Guido Bertolaso, actual director de Seguridad Civil, secretario de Estado encargado únicamente de resolver la crisis de las basuras en Nápoles.
«Tendrá una tarea similar a la que se tiene que enfrentar cuando se registra un terremoto o una erupción volcánica», añadió el primer ministro.
Los vecinos de Nápoles, obligados a vivir entre montañas de basuras, acogieron con escepticismo las medidas anunciadas por Berlusconi para superar la crisis de los residuos en la ciudad meridional.
La ministra belga de Asilo e Inmigración, Annemie Turtelboom, anunció que quiere introducir un sistema de puntos similar al que se utiliza para el permiso de conducción para «regularizar a los inmigrantes irregulares».
Los eurodiputados, en una sesión celebrada el martes, criticaron las medidas adoptadas por Berlusconi contra los gitanos rumanos y le reclamaron que respete los derechos humanos de los inmigrantes que residen en Italia.
Los miembros de la UE analizan cómo establecer reglas comunes para proceder a la expulsión de los inmigrantes sin papeles. El proyecto de directiva no se refiere a quienes llegan en pateras o cayucos a las costas italianas, canarias, andaluzas o maltesas, sino que se aplicará a aquellos que ya han llegado a Europa.
Son personas originarias de Filipinas, China, Ucrania, América Latina o África, pero también de EEUU o Japón. Entraron en la UE con un visado de turista, normalmente se integran bien y trabajan sin papeles en la construcción o la hostelería.
«Son esclavos modernos, no tienen derechos», destaco el eurodiputado Manfred Weber (CSU bávara), ponente del texto en la Eurocámara.
A pesar de la armonización, las autoridades estatales seguirán teniendo la potestad de dirigir su actuación hacia un grupo u otro de inmigrantes. Así, el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni (Lega Nord), aseguró a sus compatriotas que las trabajadoras domésticos y las niñeras sin papeles no serán perseguidas. El texto, que tras recibir el visto bueno -inicialmente previsto para ayer y retrasado a hoy- de los ministros de Interior de los 27 será votado en junio en el Parlamento Europeo, obliga a las autoridades estatales a elegir entre legalizar a los inmigrantes o a expulsarlos.
Italia y el Estado español han realizado regularizaciones amplias -cerca de 700.000 personas- en los últimos años, pero el Estado francés rechaza esta opción.
Según el texto, la expulsión de los inmigrantes -descrita con el eufemismo de «alejamiento»- deberá hacerse de manera voluntaria. Pero en caso de «resistencia», podrá ser forzosa y estará acompañada de una prohibición de entrar en el territorio de la UE durante cinco años. La medida también afecta los menores.
En caso de expulsión forzosa, las autoridades podrán detener a los inmigrantes durante seis, pudiendo prorrogarse este castigo hasta los 18 meses, especialmente «si hay riesgo de huida o si los países terceros se retrasan en el envío de la documentación necesaria» para la expulsión.
Un grupo de inmigrantes indios y argelinos cumplieron ayer nueve días de huelga de hambre acampados ante la Delegación del Gobierno español en Melilla para solicitar su regularización. Se niegan a volver al centro de retención de inmigrantes.
