Los magistrados que están juzgando al movimiento pro-amnistía y, sobre todo, la presidenta de la Sala, Teresa Palacios, están tratando de guardar las formas y ofrecer una imagen de juicio con todas las garantías de un «Estado de Derecho». Sin embargo, la postura adoptada por los imputados de acusar al Estado de la violencia que ejerce contra Euskal Herria, en vez de defenderse de las acusaciones ha provocado incomodidad al tribunal. La reacción que tuvo Palacios el lunes de la semana pasada para cortar la denuncia de la política penitenciaria que estaba realizando el testigo Mattin Troitiño resultó reveladora. El subconsciente le jugó una mala pasada y espetó al familiar de varios presos políticos vascos que no le hablara de esa «película». Aunque rectificó acto seguido, la sensación que dejó en la Sala es que no le gustaba nada que se denunciaran las actuaciones de las instituciones del Estado.

Como manifestaba la semana pasada en una entrevista en GARA Julen Larrinaga, procesado en el sumario 33/01, el Estado español no puede «reconocer» la violencia que ejerce porque sino quedaría «deslegitimado» como «Estado democrático». Por ello, los jueces han optado por tratar de impedir los testimonios explícitos de torturas o de otro tipo de vulneraciones de derechos para dar la impresión de que si no se habla de ello, no existen.

Impunidad de la tortura

Hasta cinco personas han relatado a la Sala que las FSE emplean la tortura durante el periodo de incomunicación a los detenidos vascos. Al igual que ante las recomendaciones realizadas en 2003 por el relator de tortura de la ONU, Theo Van Boven, el tribunal no ha mostrado ningún interés en estos relatos, aun cuando las declaraciones policiales obtenidas bajo tortura de Jorge Olaiz, Susana Atxaerandio e Ibon Aranalde han sido utilizadas como base para la acusación en este sumario.

Los tres represaliados denunciaron los malos tratos sufridos en comisaría aunque la parte acusatoria trató de desacreditar sus relatos señalando que no se ha producido ningún juicio por sus denuncias. La presidenta de la Sala, por su parte, ayudó a corregir las manifestaciones a un guardia civil que participó en el arresto de Olaiz y que habló de la «preparación espontánea» de su declaración.

El director de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, y Unai Romano, que acudieron como testigos de la defensa, también denunciaron ante el tribunal que fueron objeto de torturas y malos tratos por parte de la Guardia Civil. Otamendi explicó cómo en febrero de 2003 fue arrestado dentro de una operación que terminó con la clausura del periódico que dirigía.

Palacios no quiso escuchar las vejaciones que sufrió en comisaría y se enfado cuando el periodista manifestó que sintió la obligación de denunciar lo ocurrido «para crear una ola humana que imposibilite la tortura y que los magistrados garanticen que no se produzcan».

Asimismo, criticó el «limbo judicial» existente en estos casos, ya que que la denuncia de torturas que realizó ante los juzgados se encuentra todavía a la espera de ser admitida y recordó que también denunció lo sucedido ante el juez instructor Juan Del Olmo y cuando estaba incomunicado. Romano, por su parte, señaló que su denuncia fue desestimada por los tribunales, que aceptaron la versión de la Guardia Civil que dijo que se había autolesionado, además, de denunciar al gasteiztarra por falso testimonio.

Romano mostró la fotografía con su rostro desfigurado y amoratado y preguntó a los jueces si creían que eso se lo podía haber hecho el mismo.

Crímenes del GAL y BVE

Edurne Brouard, Arantxa Lasa y Belén Aguilar explicaron cómo sus familiares murieron a causa de acciones de fuerzas parapoliciales y se encontraron «indefensos» ante lo ocurrido. La hija del dirigente abertzale Santi Brouard recordó que su padre fue tiroteado en su consulta en 1984 y que a partir de ahí inició su relación con el movimiento pro-amnistía que le ayudó a denunciar que fue un acto de «terrorismo de Estado». A su vez, denunció que «no hay nadie en la cárcel por su asesinato».

La hermana de Joxean Lasa, que fue secuestrado y torturado hasta la muerte por los GAL en 1983 junto a Joxi Zabala, reveló cómo tras su desaparición en Baiona ninguna institución se interesó por su situación hasta que contactaron con el movimiento pro-amnistía, que les ayudó a denunciar lo sucedido. Arantxa Lasa recordó que tras el juicio celebrado en 1999 cuatro personas fueron condenadas por las muertes de los dos jóvenes tolosarras, pero declaró que «el Estado estaba implicado en la trama de los GAL ya que fueron financiados con fondos públicos».

Belén Aguilar también criticó la actuación de la justicia tras la muerte de su marido, Justo Elizaran, en un atentado del BVE en 1979. Según señaló, cuatro personas fueron detenidas por estar relacionados con su muerte, sin embargo, tras permanecer tan sólo año y medio en prisión fueron puestos en libertad.

Las muertes de personas a manos de la Ertzaintza y agentes de la Policía española también fueron denunciadas. Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal, Tturko, que falleció como consecuencia de un tiroteo con la Ertzaintza en Bilbo en 1991, explicó que cuando se enteraron a través de la radio que había habido un tiroteo en el Parque Etxebarria, desde el movimiento pro amnistía les ayudaron a dar los primeros pasos ante el «desamparo, confusión e impotencia» que sentían debido al silencio de las autoridades.

Según resaltó, gracias a la intermediación del organismo antirrepresivo pudieron confirmar que la persona que falleció en el tiroteo era su hermano y hablar con el forense, quien les confirmó que había sido una emboscada y que Tturko había sido rematado en el suelo por la Policía autonómica.

La mujer de Angel Berrueta, Carmén Mañas, relató cómo el 13 de marzo de 2004 su marido fue tiroteado y acuchillado por un agente de la Policía española y su hijo por negarse a colocar un cartel en la panadería en el que se culpaba a ETA del atentado ocurrido dos días antes en varios trenes de Madrid. Mañas destacó que el movimiento pro amnistía ayudó a su familia a denunciar el «asesinato» de Berrueta y defender en el juicio que se trataba de un caso de «terrorismo de Estado» porque el fiscal pretendía que se juzgara como una riña entre vecinos. «Nos han prestado ayuda humanitaria, son personas extraordinarias que nos han sacado adelante», insistió Mañas en referencia a los encausados.

Por su parte, Andoni Txasko, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Gasteiz, rememoró lo ocurrido el citado día del año 1976, cuando la Policía española mató a 5 personas en la capital alavesa y causó más de cien heridos al arremeter contra los obreros que estaban celebrando una asamblea. Txasko relató que al día siguiente de los hechos fue apaleado por agentes de la policía y que como consecuencia de ello perdió parte de la visión en uno de sus ojos.

«Venganza» con los presos

La política penitenciaria que se aplica a los presos políticos vascos por parte de los Estados español y francés también fue puesta encima de la mesa del tribunal especial. Mattin Troitiño, hijo y hermano de los presos políticos Txomin y Jon Troitiño, calificó de «crueldad» las vulneraciones de derechos a la que se someten a los presos y comentó que su padre no ha estado nunca a menos de 500 kilómetros de Euskal Herria durante los 21 años que lleva preso. Además, denunció que en 2006 aumentaron su condena 11 años más al aplicarle la cadena perpetua como a otra veintena de presos.

La compañera sentimental del preso político Jose Mari Sagardui, Gatza, Kontxi Luna, recordó al tribunal que el zornotzarra es el preso político que más tiempo lleva encarcelado y que por eso es conocido como el «Nelson Mandela europeo». Luna indicó que su relación con el prisionero vasco comenzó a raíz de las visitas a la cárcel que le hacía como integrante de un Comité de Solidaridad con los Presos de Cádiz, al tiempo que denunció que su condena se prolonga «desde hace 28 años y no termina nunca» por «venganza» del Estado español.

Asimismo, la gaditana censuró que su compañero ha recibido numerosas palizas en la cárcel y que ha permanecido durante los últimos 13 años en aislamiento. «Sólo tiene derecho a respirar», exclamó.

Jose Campos, compañera del preso político Bautista Barandalla, explicó que cuando detuvieron al vecino de Etxarri estuvo «3 días secuestrado» sin saber dónde estaba y que pudo comprobar al finalizar la incomunicación que fue torturado. Por otra parte, hizo referencia a la política penitenciaria y puso como ejemplo que cuando trasladan a su compañero de prisión no sabe dónde está. Campos criticó la mala asistencia médica a los presos y relató que Barandalla se encuentra gravemente enfermo, al igual que otra docena de presos políticos vascos a los que les ha sido negada la aplicación del artículo 92 para poder ser puestos en libertad.

En este sentido, Usoa Esteban, hermana del preso político vasco Esteban Esteban Nieto, manifestó que las duras condiciones de vida a las que fue sometido éste durante todos los años que estuvo preso, así como la desatención médica que padeció, le llevaron a morir pocos meses después de ser excarcelado, ya con un cáncer terminal. A su vez, apuntó que otro hermano suyo, Leo Esteban Nieto, falleció por las secuelas que le dejó un accidente provocado por la dispersión.

La médico de Osakidetza, Itxaso Idoiaga, corroboró que la muerte de Esteban Esteban Nieto pudo haberse evitado si se hubiera realizado bien el diagnóstico de su enfermedad. Por ello, criticó aportando informes redactados por profesionales que la asistencia médica a los presos políticos vascos no cumplen los mínimos para garantizar un buen estado de salud y que su labor junto al movimiento pro-amnistía es que sea respetado ese derecho fundamental de los represaliados vascos. A su vez, indicó que la practica de la tortura por parte de las FSE está reconocida a nivel internacional por profesionales acreditados en numerosos artículos.