El intento de PNV y Ezker Batua por acallar las reivindicaciones del movimiento ciudadano en Bilbo ha logrado la cohesión de los diferentes colectivos vecinales en una coordinadora como no se recordaba desde los tiempo de la alcaldesa franquista Pilar Careaga. Las asociaciones, algunas de ellas con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, aseguran que son «agentes sociales imprescindibles en cualquier modelo de participación ciudadana».

Acusan al Ayuntamiento de ignorar sus reclamaciones, restringiendo el uso de locales públicos a las AAVV, descalificando a sus portavoces y dejando los consejos de distritos vacíos de competencias y recursos. A la vez que se acrecientan las peticiones en los diferentes barrios, «se imponen proyectos que nada tienen que ver con los deseos de la ciudadanía, mientras que obras y servicios demandados tardan años en llevarse a cabo», denunció Javier Muñoz.

El cierre de cauces de participación y las acusaciones de que el movimiento asociativo está teledirigido por el PSE y la izquierda abertzale ha venido acompañado de una entrevista en un medio local, en la que el alcalde sentencia que no va a permitir que «exista ningún contrapoder vecinal». Para los vecinos, Iñaki Azkuna y su equipo «se dedican a buscar conspiraciones y fantasmas para despistar a la ciudadanía».

«No somos ningún contrapoder, somos ciudadanos de Bilbao y, por lo tanto, sus jefes y los del actual equipo de gobierno, porque pagamos sus sueldos, así que estamos legitimados para exigir claridad en los proyectos, información adecuada, debate ciudadano, respeto a los vecinos, cumplimiento de las promesas, una ciudad para uso y disfrute de los ciudadanos y no para beneficio de constructores, inmobiliarias y empresas privadas, nada de gestoras oscurantistas y, sobre todo, las cuentas sobre la mesa y bien claras», le aclaró Muñoz, integrante de la AAVV de Basurto, quien apostilló que tienen «autoridad moral» para exigir mejoras en sus barrios.

La Coordinadora reclama que cambie la relación de los responsables municipales con los vecinos y vecinas «superando prácticas donde las decisiones se gestan en círculos cerrados, quedando únicamente a disposición de los residentes en Bilbao el derecho al pataleo». Además, insistió en que, a pesar de que las autoridades hablan de que les escuchan cuando proponen algún proyecto, este contraste no existe.