Finalmente se consumó la detención de miembros de ETA que el ministro Rubalcaba rumiaba desde el fin del proceso negociador. Parece exagerado decir esto cuando desde ese momento -y también, conviene recordarlo, durante todos los meses que duró ese proceso- docenas de ciudadanos y ciudadanas vascas han sido detenidas, muchos de ellos encarcelados y varios de ellos torturados. Pero tanto las declaraciones del propio ministro como la reacción de los medios españoles evidencian las diferencias, aunque, tal y como repiten los mandatarios españoles, «todo el peso de la ley» caiga sin distingo sobre unos y otros.

Se puede discutir hasta la extenuación si en algún momento desde que llegó a la secretaría general del PSOE hasta que se quebró definitivamente el mencionado proceso Rodríguez Zapatero tuvo voluntad real de llegar a un verdadero acuerdo de paz en relación al conflicto vasco. Lo que a estas alturas está fuera de discusión es que dejó las riendas del proceso en manos de aquellos que desde un principio y hasta el final no tuvieron ningún tipo de voluntad, con Rubalcaba a la cabeza. Por tanto, se puede discutir -aunque sin resultado- sobre si existió un «Plan A», pero difícilmente se puede discutir que, tal y como publicaba GARA esta misma semana, los «halcones» socialistas impusieron su tradicional «Plan B», que ellos mismos resumen en la dicotomía «rendición o aniquilación».

La responsabilidad sigue siendo de un Zapatero que llegó prometiendo una nueva cultura política y que va camino del récord de presos políticos, un sucio historial de torturas, una regresión jurídica sin par en Europa y un nuevo fracaso al afrontar el conflicto. Y es que el presidente español no parece entender que la «modernización» que defiende para su país exige la resolución del conflicto que mantiene con éste nuestro país. Quienes le dicen que se puede convivir con el conflicto no le explican el precio real de ese «Plan B». Si fuese la clase de político que dice ser, el balance de este mes debería hacérselo comprender por sí solo.