Los propietarios de las tierras por las que se ha proyectado el paso del Tren de Alta Velocidad viven días de incertidumbre. Algunos, la gran mayoría, porque no han recibido ninguna información oficial vía instituciones; otros, porque ya se encuentran en pleno proceso de expropiaciones o negociaciones con los responsables del proyecto. Ante los contratiempos surgidos en algunos municipios, la consejera de Transportes y Obras Públicas de Lakua, Nuria López de Gereñu, afirmaba que «la mayoría de los expedientes ya estaban acordados de antemano con los propietarios afectados».

Este diario ha podido acceder a la grabación de dos encuentros entre técnicos que se presentan como miembros del Gobierno de Lakua y uno de los baserritarras afectados por el proyecto del TAV. Estos documentos sonoros sirven de botón de muestra para entender qué tipo de negociaciones se llevan a cabo con el fin de agilizar los trámites.

En la primera de las reuniones, celebrada en la sede de una institución municipal de Gipuzkoa, los técnicos se dirigen en euskara y castellano a la persona afectada, que acude en solitario al encuentro.

Si bien en un primer momento los técnicos le hacen saber que su objetivo es «asegurarnos de que los afectados por la obra (...) conocen, o hasta qué punto, conocen las afecciones que van a tener», en seguida se hacen evidentes las verdaderas intenciones de los representantes de Lakua: «Esta semana hemos andado por aquí, para posteriormente hacer las valoraciones y saber qué es lo que hay aquí, qué tipo de árboles hay, qué pérdidas hay. Nuestro objetivo es llegar a acuerdos con vosotros, los propietarios y los vecinos; al final será mejor para todos».

A renglón seguido, alertan al propietario sobre lo que le supondría no llegar a buen puerto con ellos: «Cuando un propietario no quiere firmar el acuerdo, el siguiente paso sería ya con los del ADIF».

El baserritarra solicita más información, porque realmente la que dispone «es muy escasa». «ADIF será la propietaria final del tren, o sea, el Ministerio de Fomento. El Gobierno Vasco está en el medio y les ayudará a hacer todo esto», le precisan los técnicos que se apresuran a asegurarle que, de no llegar a un acuerdo, se activará «el procedimiento de actas previas a la expropiación» y, de ser así, «los propietarios saldréis perdiendo».

Los técnicos comienzan a titubear al avanzar en sus explicaciones: «Sin acuerdos, porque... el asunto es que... el asunto es que... la valoración... el único beneficio que tendréis vosotros es el dinero... se hace la valoración del terreno que se os expropiará... nuestra intención es firmar el acuerdo... pues, si no hay cerramiento, poner que hay cerramiento...». Si al propietario no le ha quedado del todo claro, una añade: «O sea, valorar, digamos, más de lo que hay».

Los técnicos insisten en que es ventajoso alcanzar acuerdos lo antes posible. «Podemos hacer una valoración más alta de lo que puede hacer el ADIF». Y le explican por qué: «Porque el ADIF, si hay tres pinos, cuentan tres pinos; nosotros igual contamos seis... Más o menos. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecerte... El ADIF y el Ministerio de Fomento te ofrecerán la mitad o menos». Los representantes de Lakua insisten en que ésta no es una medida excepcional. «Nosotros, por ejemplo, con los de (...) algunos incluso han cobrado el doble, incluso el doble», subrayan.

«Si no, cobraréis menos»

Su estrategia se basa en hacer hincapié en que nada es más beneficioso para los propietarios que alcanzar un acuerdo previo: «Luego, sin embargo, después del acta previa, en la siguiente fase, si el propietario de la tierra que se ve afectada no se encuentra conforme con la valoración que han hecho ADIF y Fomento, el siguiente paso es el justiprecio; entonces vosotros tendréis que justificar con el informe de un perito que en vuestra opinión el terreno vale más, y entraréis en un proceso muy largo y cobraréis menos». «Al final, todo esto -prosiguen- llega al llamado jurado de expropiacione y éste valora «superformal», y valora menos. O sea, lo que nosotros valoramos ahora es el valor más alto». Por si tenía alguna duda.

Después de esta exposición sobre sus intenciones, los técnicos se adentran en informar de los pasos a dar. «El proceso es el siguiente: la semana que viene vamos a pasar por la finca, vamos a valorar todos los árboles que se pierden(...) Y ya está, tal cual».

Sin embargo, se ven obligados a explicar que sí tienen algunos límites en su oferta: «Nosotros llegamos hasta lo máximo a lo que podemos llegar, en el sentido de que nosotros decimos cuánto tiene que pagar, pero no nos podemos exceder «la leche», porque ellos saben cuánto tienen que pagar». Y matizan: «Al final quien paga es el ADIF. Ellos saben cómo es la situación y nos dejan cierta mano ancha».

Al término de este primer encuentro, a modo de resumen uno de los técnicos vuelve a recordar al baserritarra lo planteado: «En definitiva, que se van a dar dos ofertas: la primera, la nuestra y, a menos que el mundo se vuelva al revés o pase algo muy raro, la segunda va a ser aproximadamente un 40% menos. Es la valoración estricta de lo que hay».

Justifican su posición: «Se firmó un convenio de expropiaciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno central para que fuese el Gobierno Vasco el que pudiese iniciar los trámites con los afectados. Y el Gobierno Vasco ha entendido que la mejor manera es ésta, hacer la reunión previa, con tal de llegar a acuerdos previos, o sea, forzar a que se llegue a acuerdos previos». Todo ello, porque según explican, «realmente al ADIF 2 o 3 millones de pesetas aquí les da igual, ¿entiendes?».

El encuentro culmina cuando ambas partes acuerdan una nueva cita, una vez que los técnicos hayan realizado un valoración de las pérdidas del propietario.

En esa segunda reunión, los técnicos se dirigen al afectado poniendo sobre la mesa cifras exactas. Le prometen que, con la valoración que han realizado ellos, obtendrá más de 5.000 euros que si el examen lo hiciera ADIF.

El propietario se interesa en que le expliquen la razón de esa variación y los representantes de Lakua se muestran totalmente dispuestos a aclarar cualquier tipo de duda: «Pues todo exactamente igual que lo haría el ADIF, pero con un cierre [de la finca] y una serie de arbolitos protegidos».

Inciden nuevamente en que éste es un procedimiento habitual: «Es lo que se hace con todo el mundo; tiene un pinar, pues metemos alguna mejora... En terrenos forestales metemos un cierre; en terrenos frutales, pues si tiene 20 avellanos intentamos meter más...».

Las grabaciones de estos dos encuentros reflejan que las negociaciones con los propietarios no son tan consensuadas como lo que han querido hacer creer. Pero Nuria López de Gereñu, en sus declaraciones ante los medios, ya había dado pistas de ello: «Habrá que llegar a alguna expropiación, porque la infraestructura debe seguir adelante, pero estamos utilizando mucho tiempo y muchos medios para que los acuerdos sean lo más amplios posibles».