El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha confirmado lo que buena parte de los abertzales de este país ya sospechaban: no habrá consulta si un tribunal español, el que vela por el respeto a una Constitución a la que no dijimos sí los vascos, recurre la iniciativa que acaba de concretar el tripartito. Ya está, no hay mucho más que decir, el PNV, explica Urkullu en las ondas catalanas, «no va a actuar contra la legalidad».

El mayor enemigo de la consulta que preconiza el lehendakari no está en Madrid, hay alguien más cercano que pone zancadillas al deseo de los vascos -vivan en Getxo, en Tutera o en Muskildi- a decidir -y no sólo a opinar- sobre cómo construyen su país.

El principal hándicap al ejercicio del derecho de autodeterminación está en la obsesión que acompaña a los gestores autonómicos de la CAV de dar encaje constitucional a un derecho universal cuyas garantías residen en el derecho internacional y no en un edificio constitucional español que asienta sus cimientos sobre el legado franquista.

No vale, por tanto, repartir una vez más entre el Estado y la izquierda abertzale la responsabilidad sobre el fracaso político del tripartito. El Estado ya ha hablado, y lo ha hecho para anunciar que en cuanto se tramite el proyecto que baraja Lakua arrancará la maquinaria para pasar, cual apisonadora, por encima incluso de una eventual mayoría parlamentaria en favor de la iniciativa de Ibarretxe. Y ya nos aclara Urkullu que el lehendakari no se va a ensuciar el traje encadenándose a esa máquina, haciendo desobediencia civil a la imposición.

Si Gasteiz da el «sí», la consulta encallará en el acantilado español, dejando con ello meridianamente claro que es la ausencia de democracia la que alimenta década a década un conflicto que, digan lo que digan, tiene solución. Siempre que se parta de un diagnóstico real y los agentes políticos estén dispuestos a asumir riesgos para conseguir la paz. No habrá consulta porque Madrid tiene fuerza para impedirlo, y porque el PNV no la tiene para legitimar con hechos su discurso.