El presidente del Tribunal de la Competencia aseguró en el Parlamento de Gasteiz que «desarrollan sus funciones de forma independiente... con autonomía de gestión y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico». Añadió en su intervención que «no recibe ni sigue instrucciones o recomendaciones del Gobierno Vasco». Para valorar esa afirmación sobre la independencia del Tribunal es imprescindible analizar cómo se realiza el nombramiento de quienes lo componen. Pues bien, los miembros del Tribunal son personas de la confianza de quienes les han nombrado. ¿Y quién les nombra? El Gobierno Vasco. El nombramiento de los tres miembros del Tribunal en Febrero de 2006 se hizo por el Gobierno «a propuesta de las Consejeras de Hacienda y Administración Pública y de Industria, Comercio y Turismo».

Se desconoce de manera pública todo lo demás; desconocemos los méritos de esas personas para optar a esa «distinción», así como cuál ha sido el proceso de selección que han seguido. Se sabe -y es el elemento determinante- que han sido nombrados por miembros del propio Ejecutivo y, salvo que se quiera pecar de ingenuidad, habrá que concluir que el criterio y mérito esencial para su nombramiento ha sido el de la confianza.

Nadie duda, por ejemplo, que el Fiscal General del Estado, que es nombrado y cesado por el Gobierno, carece de independencia en sus actuaciones. Nadie duda que actúa a impulsos de quien le nombra, bien sea Conde Pumpido obedeciendo a Zapatero, o Cardenal a Aznar. Así pues, una primera conclusión: ELA niega categóricamente que los miembros de este Tribunal Administrativo de la Competencia sean independientes del propio Gobierno. En nuestra opinión, ese Tribunal actúa como órgano político al servicio de la política del Gobierno.

Respecto al fondo de la actuación instada por el Tribunal contra los sindicatos, lo primero que debemos decir es que no existe ningún acuerdo con nadie en relación a la apertura o no en domingos y festivos. Simplemente no existe. O, dicho de otra manera, la actuación que hemos desarrollado los sindicatos en contra de la apertura y a favor del descanso en domingos y festivos de los y las trabajadoras a quienes defendemos se enmarca de lleno dentro de la actuación propia de la libertad sindical. Nuestros actos no pretenden imponer un precio en el mercado; tan solo -que no es poco- pretenden defender unas condiciones de trabajo. Es evidente que son actuaciones de parte, absolutamente legítimas, protagonizadas por los sindicatos para defender derechos laborales. Ni más, ni tampoco menos. Y, como no puede ser de otra manera, ELA en modo alguno va a renunciar a desempeñar ese papel.

Y si eso es así... ¿Con qué objetivos actúa el Tribunal? Vamos por partes.

Primero: En nuestra opinión, el Tribunal actúa como un martillo pilón al servicio del Gobierno. Lo hace contra los derechos fundamentales de la gente trabajadora, con la intención de erosionar el baluarte de protección que significan esos derechos. El Presidente del Tribunal ha llegado a decir que la libertad sindical (derecho fundamental) «está sujeta al límite de la Competencia». La concibe como un derecho limitado, topado por las reglas del mercado y por la interpretación -interesada como en este caso- que de esas reglas hacen ellos mismos.

Segundo: ¿Cómo elige el Tribunal contra quién y contra qué se actúa? ¿Por qué seleccionan abrir expediente contra una actuación sindical? Porque el Tribunal es ciego respecto de actuaciones protagonizadas por quienes sí tienen poder para adulterar precios; ciego contra las empresas que en régimen de casi monopolio influyen adulterando los precios. Esos son intocables. Uno de los déficit más importantes de este órgano es que la decisión de contra quién se actúa es arbitraria.

Tercero: Es un debate plagado de intereses. El Gobierno Vasco -liderado por el lobby en el que se ha convertido el Departamento de Industria- quiere el campo abierto para desregular el comercio al servicio de las grandes empresas; quiere que se le facilite el trabajo. Hacerlo así les resulta más cómodo, ya que pueden apelar «a los mandatos de un órgano independiente». Un órgano -el Tribunal- que es cualquier cosa menos eso.

El mecanismo es sencillo: el Gobierno crea el órgano, pone en él a personas de confianza y, a partir de ahí, se dedican a «marcar el camino» que debe seguir la política. Un camino que comparten; un camino que dictan precisamente los mismos que eligen a los miembros del Tribunal. En su penúltima presencia en el Parlamento, el presidente del Tribunal dijo a los parlamentarios qué debían hacer: liberalizar -desregular- por completo los horarios comerciales, permitiendo su apertura cualquier día. El Tribunal es usado para que haga de punta de lanza y para que, si nadie critica, pasen desapercibidos los verdaderos responsables de la liberalización. Saben que son medidas impopulares y quieren el anonimato político. Quieren poder decir «es el Tribunal quien nos lo exige».

Cuarto: En éste como en otros temas, las medias verdades y hasta el engaño son parte esencial. El Tribunal no dice la verdad cuando afirma que persigue la defensa del consumidor. Tampoco dice la verdad cuando habla de que la liberalización de horarios beneficia a todos. Detrás de la apertura en domingos y festivos están las grandes superficies comerciales, las multinacionales -también las de matriz vasca del Grupo Cooperativo- y como claros perjudicados, el pequeño y mediano comercio y los y las trabajadores. Lo que sucede con este tema no es una novedad; es el común denominador de la política real de este Gobierno: su alianza con los intereses empresariales.

Quinto: Para fundamentar su actuación, el presidente dice que las actuaciones que sigue el Tribunal son continuadoras de las que se practican, sobre temas similares, «en EUA, en Francia y en la UE». Aparte de la curiosa clase de geografía que coloca a Francia fuera de la UE, es muy clarificador que podamos saber dónde se comparan, a quiénes quieren imitar y de qué fuentes beben. Es difícil encontrar, en posiciones de libre mercado y neoliberalismo, posturas más extremas. Muy clarificador. El presidente, en un alarde de fundamentalismo de libre mercado, ha llegado a decir que su actuación «va contra las leyes que protegen derechos», para que éstas sean cambiadas, porque perjudican la libre competencia. ¡Qué atrevimiento! Es imposible que el presidente del Tribunal diga las barbaridades que estamos escuchando sin apoyo político del Gobierno. Menos mal que los derechos fundamentales no están en su mano, porque de ser así, si de este tipo de personas dependieran, nos dejan sin ninguno.

Sexto: Por último, el presidente esgrime otro argumento a su favor: lo que dice Madrid, léase los dictados del órgano competente español en materia de Competencia en relación con los sindicatos. Parece como si el Tribunal Vasco hubiera ido a pedirles amparo para que desde allí se unifique la doctrina más conservadora sobre cómo tratar a los sindicatos y la libertad sindical. Sí, desde España amparo doctrinal para lo que están haciendo aquí. También para esto -para el Gobierno Vasco- España es útil. Les es útil aquello que sirve para atacar los derechos de los y las trabajadores y los de sus legítimos representantes.

¡Ya está bien! Este Gobierno dice defender los derechos de todos y sólo unos pocos son beneficiados por sus políticas (fiscalidad regresiva, privatizaciones, escaso gasto social, creciente superávit, desregulación...). ¡Vale ya de utilizar a la Administración Pública para servir a privilegiados y para castigar a quienes no aceptamos sus políticas antisociales y les criticamos!