Los ex trabajadores de Esmaltaciones San Ignacio, a los que la empresa debe parte de sus indemnizaciones, finiquitos y nóminas, denunciaron ayer las intenciones de la empresa, inmersa en un proceso concursal, de discriminarles y de pretender acometer el desmantelamiento industrial de las plantas de Gasteiz.

Este colectivo lleva meses reclamando el pago de las deudas pendientes desde que dejaron la empresa en diversas reestructuraciones, sin que la empresa ni los administradores concursales hayan atendido sus demandas. A pesar de ello, la dirección del grupo ha planteado nuevas rescisiones de contrato incentivadas entre los trabajadores todavía en activo.

Según explicaron los antiguos empleados de Esmaltaciones, la empresa ha presentado un plan de bajas voluntarias incentivadas a trabajadores con un mínimo de 11 años de antigüedad, bajo la amenaza de presentar un Expediente de Regulación de Empleo.

Desmantelamiento industrial

La empresa planteaba pagar las indemnizaciones 15 días después de que dejaran de trabajar, pero la experiencia de los trabajadores que habían salido de la empresa con anterioridad hizo que nadie se apuntara a dicho plan, ante el temor de no cobrar las cantidades previstas (entre 9.000 y 25.000 euros según la edad).

Por ello, la empresa rectificó y aseguró que se pagarían el último día de trabajo. De esta forma, más de una veintena de personas se ha acogido a las bajas incentivadas y algunos han cobrado su finiquito e indemnización correspondiente, mientras los antiguos empleados ven cómo su deuda sigue olvidada.

Por ello, han reclamado al juzgado mercantil que se paguen las cantidades que se les deben, tal y como se había comprometido la empresa. Según el colectivo de ex trabajadores, la dirección «está adoptando medidas que condicionan el futuro de Esmaltaciones, dirigiéndolo hacia el desmantelamiento industrial» y convirtiendo la empresa en una mera comercializadora. Reiteraron que «la empresa no actúa de buena fe», porque cuando prometieron abonar el 50% de sus finiquitos más tarde, «sabían que iban a utilizar ese dinero en su propio beneficio».

A su vez, denunciaron que pueda utilizarse dinero para nuevas indemnizaciones, así como lo hubo para el cierre de una planta del grupo en Logroño, pero no para pagarles las cantidades que se les adeudan. Por ello, consideraron que se está produciendo «un uso fraudulento de ley concursal». Señalaron que, ahora la empresa tiene que presentar un proyecto empresarial que asegure el futuro mientras los administradores deben presentar su propio informe sobre la continuidad del grupo.

Sin embargo, opinan que la decisión de la dirección de la empresa está adelantando medidas para recortar empleo de sus plantas productivas, con lo que está condicionando por la vía de los hechos el futuro de la compañía.