El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Nafarroa, Javier Caballero, defendió ayer en el Parlamento el trabajo realizado por su Ejecutivo en relación al fomento del uso del euskara en la Administración, asegurando incluso que se están llevando a cabo diversas políticas en este sentido.

«El Gobierno navarro apuesta decididamente por el fomento del euskara en la Administración Pública y está realizando un gran esfuerzo para la difusión de esta lengua entre los trabajadores, facilitando el acceso a diferentes cursos», indicó Caballero, quien agregó que «no puede ser de otra manera» teniendo en cuenta que la lingua navarrorum es «un patrimonio cultural propio de todos los navarros».

El consejero, que compareció públicamente en la Cámara a petición de Nafarroa Bai, comentó que «como navarro que soy, amo y siento el euskara profudamente como algo propio», al tiempo que denunció que haya «quienes intentan instrumentalizar la lengua para intentar lograr unos objetivos políticos concretos».

En esa línea, defendió que su Gobierno «teniendo como base y referencia inequívoca el Amejoramiento del Fuero y la Ley del Vascuence» lleva a cabo una política «posibilista, tratando de ir siempre en pro del uso del euskara en la Administración».

Para argumentar su afirmación, el consejero expuso que han ofertado «427 plazas en la zona vascófona y 161 en la zona mixta», en las que «el conocimiento del euskara ha sido valorado positivamente o exigido como requisito indispensable».

La parlamentaria de Nafarroa Bai, Paula Kasares, replicó al consejero recordando que distintos organismos internacionales que trabajan en favor de las lenguas minorizadas han criticado las políticas del Gobierno navarro, y denunció que el Decreto Foral 29/2003 en relación al uso del euskara en la Administración es «más restrictiva» que el anterior del año 1994.

«No hay quejas»

Caballero negó rotundamente esas acusaciones, insistiendo en que el Ejecutivo que preside Miguel Sanz está trabajando en diversas iniciativas para fomentar la euskaldunización de los funcionarios, y añadiendo que en la Administración «no hay ningún tipo de queja por el trato» que se da al idioma nacional.

«Aunque algunos quieran hacer creer otra cosa, lo cierto es que en la Administración Pública no existen quejas ni problemas relacionados con el euskara. Nosotros lo que no podemos hacer es imponer el euskara a nadie», concluyó.