Eguzki reclamó ayer al Gobierno de Lakua «un pacto por la naturaleza en el marco de un gran debate social», consciente de que «los sectores más duros» del Ejecutivo autonómico imponen los intereses económicos al respeto al medio ambiente. Su portavoz, Alberto Frías, subrayó que el modelo de desarrollo actual, que definió de «depredador», «es insostenible», por lo que demandó un cambio de las políticas en marcha.

Frías fue especialmente crítico con la revisión por parte del departamento que dirige Esther Larrañaga de la Ley 3/98 de Protección General del Medio Ambiente del País Vasco, al entender que la misma trata de «cepillarla» para «suavizar» los mecanismos de control. En concreto, incidió en que esta reforma elimina la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental conjuntos ante planes sectoriales y puntuales. Estos informes de evaluación, destacó el militante ecologista, son «la piedra angular en la defensa del medio ambiente».

A pesar de que la legislación actual fija mecanismos de control, desde Eguzki denuncian que en los cinco años de aplicación de la ley -pues se tardó de 1998 a 2003 en elaborar un reglamento para aplicarla- se han buscado suterfugios en las normas para evitarlos. Alberto Frías mencionó el caso «lacerante» de las centrales eólicas, donde en abril el Parlamento de Gasteiz instó a la modificación del Plan Territorial Sectorial (PTS) de 2002 por su impacto en espacios protegidos.

Gracias a las alegaciones introducidas «cuasi textualmente» por el Departamento de Industria, denunció que se han adjudicado ya 15 nuevas infraestructuras, 12 de ellas miniparques. «Ha sido una cacicada», declaró Frías, para quien detrás de la decisión se halla «el sector más duro del Gobierno, que ningunea a Medio Ambiente».

Pero la política relativa a los parques eólicos no fue la única censurada por Eguzki en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, también la apuesta del Gobierno de Gasteiz por incentivar la ocupación de suelo, tan escaso en Euskal Herria, para edificar nuevas infraestructuras públicas y residenciales, tomando el relevo de la iniciativa privada. El colectivo ecologista no concibe que, ante la desaceleración del sector de la construcción, la administración tome las riendas aduciendo de que así trata de establecer medidas de choque ante la anunciada crisis económica.