Arranca el proceso sumario contra supuestos responsables del 11-s
Cinco prisioneros sospechosos de haber organizado los ataques del 11 de setiembre de 2001 en suelo estadounidense y desaparecidos durante años en cárceles secretas de la CIA serán llevados hoy ante un juez militar en Guantánamo. La vista marca el inicio del proceso por aquellos atentados, que dejaron un saldo de casi 3.000 muertos. Detenidos o simplemente secuestrados entre 2002 y 2003, los cinco fueron transferidos en 2006 a la base naval en Cuba.
GARA |
Casi siete años después de los ataques del 11-S, los cinco sospechosos serán llevados ante un tribunal militar de excepción, presidido por el coronel de Marines Ralph Kohlmann, quien les leerá los cargos de acusación que pesan contra ellos: «complot, muerte, atentado, daños corporales graves, destrucción de propiedades, terrorismo y apoyo material a actos terroristas».
Estos cargos llevan aparejada la pena de muerte contra Jaled Cheikh Mohamed, considerado por la CIA el «cerebro de los atentados», Ramzi ben al-Shaiba, Ali Abd al-Aziz Ali, Wallid ben Attash y Mustafah al-Hawsawi, todos ellos capturados entre 2002 y 2003 y transferidos a Guantánamo en 2006.
La vista marca el inicio del proceso del 11-s. Nadie hasta ahora ha sido condenado por responsabilidad directa en aquellos atentados. El único condenado, el australiano David Hicks, se declaró culpable de «apoyo al terrorismo» a cambio de una pena de nueve meses de prisión. La audiencia tendrá lugar en el tribunal 2 de un complejo legal construido ad hoc en Guantánamo y que permite al juez impedir al público oir los interrogatorios si incluyen «elementos confidenciales».
Torturas e indefensión
El proceso está viciado por la detención en paradero desconocidos de los sospechosos y por las denuncias de torturas. La propia CIA ha admitido que sometió a Jaled Cheikh Mohamed a la práctica de la bañera.
En una audiencia a puerta cerrada en marzo de 2007, el sospechoso denunció torturas y asumió la total responsabilidad del 11-M.
Ramzi ben al-Shaiba ha rechazado participar en el proceso. Ali Abd al-Aziz ha negado todas las acusaciones. Siempre según fuentes oficiales estadounidenses, los otros dos sospechosos habrían reconocido «lo esencial de las acusaciones contra ellos».
Los letrados alegarán torturas e indefensión de sus detenidos. Pidieron sin éxito que la vista se atrasara ante el escaso contacto que el Pentágono les permitió con sus defendidos.
Denunciarán asimismo las normas por las que se rigen los tribunales militares especiales, que admiten «pruebas» obtenidas por testimonios indirectos o en interrogatorios en los que se usaron técnicas de presión «duras» -eufemismo empleado para describir la tortura-, oficialmente prohibidas en un proceso normal.
Establecidos por Bush a finales de 2001, estos tribunales fueron invalidados por el Supremo en 2006 pero repuestos por el Congreso de EEUU.
El Supremo debe decidir a finales de mes sobre un recurso sobre el derecho de los cientos de detenidos en Guantánamo a apelar su encarcelamiento en los tribunales federales de EEUU, lo que invalidaría estos juicios militares sumarios.
Más de 800 hombres y adolescentes han pasado por Guantánamo desde su apertura en 2002. Actualmente permanecen encarcelados cerca de 270. Sus condiciones de prisión siguen siendo infernales.
El Gobierno estadounidense ha utilizado más de una decena de «prisiones flotantes» para mantener detenidos e interrogar a sospechosos, según ha denunciado esta semana la ONG británica Reprieve.
«Calculamos que EEUU ha utilizado hasta 17 barcos en los que los sospechosos han sido interrogados bajo tortura antes de ser trasladados a otros destinos igualmente secretos», denunció. La ONG ha logrado estos datos de fuentes diversas como el Ejército estadounidense, el Consejo de Europa, parlamentarios, medios de comunicación y prisioneros liberados.
«La Administración estadounidense opta por esta solución para prorrogar estas prácticas lo más posible fuera del control de la prensa y de los abogados», denunció el director de Reprieve, Stafford Smith.
La ONG, que publicará un informe en los próximos meses, cita el caso del «talibán americano» John Walker Lindh, quien tras ser capturado en Afganistán fue trasladado a los barcos estadounidenses USS Peleliu y al USS Bataan.
El Pentágono ha desmentido tajantemente la existencia de infraestructura penitenciaria en alta mar y ha señalado que se trata de transportes a bordo de barcos. No opina así la ONU, que denunció en un informe de 2005 su existencia.
