El Tribunal Supremo ha confirmado la vigencia del Impuesto de Sociedades fijado por la Diputación de Bizkaia en 2005 al estimar que hay que esperar a lo que determine el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), ante el cual hay presentadas diversas cuestiones prejudiciales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal da así la razón a la Diputación vizcaina y a la Cámara de Comercio de Bilbo y anula dos autos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que acordaban la suspensión del decreto foral que fijó en el 32,6% el tipo general del impuesto, tal y como pedía la Comunidad de Castilla y León.

A la espera de sentencia

Aunque la norma recurrida ya no está en vigor (la actual fija el tipo en el 28%), la sentencia indica que, a pesar de «la apariencia de buen derecho inicialmente apreciada» cuando el TSJPV acordó anular ese decreto foral, el citado tribunal vasco planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo sobre la fiscalidad vasca y todavía éste no se ha pronunciado. Por tanto, la Sala considera que hay que mantener la vigencia de la disposición impugnada, «sin perjuicio de lo que decida el TJCE».

A falta de la sentencia definitiva, la abogada general del Tribunal Europeo, Juliane Kokott, ha respaldado en un informe la autonomía de las haciendas forales para dictar normas fiscales propias.