El manifiesto firmado por más de treinta organismos populares, asociaciones de derechos humanos y organizaciones sociales de todo el Estado español fue presentado el pasado lunes en Madrid en un acto público celebrado en los locales del Club de Amigos de la UNESCO.

En dicho acto participaron Jorge del Cura, activista de derechos humanos y portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, August Gil Matamala, veterano abogado catalán y ex presidente de la Asociación Europea de Abogados Demócratas, y Julen Arzuaga, letrado imputado en el sumario 33/01 que la semana próxima entra en su fase final.

Durante la presentación de la charla, Ángela Mesa, del colectivo Corriente Roja, dio lectura en nombre de los firmantes al manifiesto en el que se respalda el trabajo del movimiento pro-amnistía y se solidariza con los imputados. Asociaciones de Catalunya, Madrid, Galicia y Euskal Herria han suscrito el texto.

«La tortura persiste»

Jorge del Cura tomó la palabra tras Mesa para poner de evidencia «la persistencia de la tortura día a día en el Estado español». Del Cura explicó en qué consiste la incomunicación y los efectos de este régimen en los derechos de los detenidos. Asimismo, relató en qué condiciones se da la denuncia de estos hechos y las dificultades a las que se enfrentan los defensores de derechos humanos por las «políticas de obstrucción y criminalización del Estado, que en el caso Gestoras-Askatasuna abierto en la Audiencia Nacional presenta una gravedad especial».

El jurista August Gil Matamala inició su intervención adhiriéndose a la letra del manifiesto que consideró «ajustada a los hechos y tajante en sus términos». Gil Matamala participó como observador en varias de las sesiones del juicio por el 18/98 y ha estudiado su sentencia. Por ello, valoró que «se está dando una aplicación del Derecho Penal en base a la consideración del derecho de autor o, en otras palabras, el derecho del enemigo de inspiración nazi».

Así, denunció que la interpretación que la Audiencia Nacional hace «de las actividades sociales, culturales, políticas... de la izquierda abertzale en términos delictivos ha llevado a la creación de un nuevo concepto penal, basado en el absurdo: el terrorismo desarmado».

El letrado catalán criticó que Garzón actúa bajo su condición de juez «como si fuera un analista desmelenado en un periódico sensacionalista», y explicó al público presente que «utilizando términos como fagocitación, depredación, colonización para explicar la relación existente entre ETA y las asociaciones vascas bajo investigación, pretende contaminar a un 15% de la sociedad vasca que se reclama de la izquierda abertzale y a otras personas y organismos situados en su periferia».

Calificó este proceder de «un juego lingüístico-ideológico perverso, que desborda su actividad jurisdiccional, interpretando de forma subjetiva las intenciones, presentes y futuras, de todo un sector social y tomando decisiones que interfieren en la vida política democrática de todo un pueblo».

Por su parte, el abogado y miembro de Behatokia Julen Arzuaga resaltó la «necesaria actividad de denuncia de quienes son testigos de la violencia ilegítima del Estado», y criticó «la dinámica de criminalización» activada por las autoridades espa- ñolas con el objetivo de «dificultar esa denuncia, en concreto en el caso 33/01 contra Gestoras-Askatasuna, con la celebración de este juicio farsa».

«Desobediencia activa»

Arzuaga, procesado en esta causa, enumeró las cifras de la represión en los últimos años -habló de detenidos, encarcelados, torturados, heridos, muertos «por el terrorismo de Estado»...- indicando que «alguien debe hacer este trabajo de recopilación de cifras y casos, de comunicación y difusión de los datos recabados y de acompañamiento y solidaridad con las víctimas». «Esta actividad se ha hecho, se hace y se hará mientras persista la represión, con independencia del resultado de este proceso y de nuestro futuro personal», añadió.

Arzuaga citó también los innumerables posicionamientos institucionales, internacionales y populares contra la labor de la Audiencia Nacional «como tribunal que dota de un barniz jurídico a una decisión de venganza política», lo que, precisamen- te, llevó a los procesados a renunciar a la defensa jurídica porque «se pretende juzgar el ejercicio de derechos políticos, que no pueden ser negociables ni fiscalizables». «Ahora optamos por una actitud de desobediencia activa ante quien nos pretende acallar», sentenció.