La decisión de los ministros de Trabajo de la Unión Europea de ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales, en caso de que haya acuerdo entre el empresario y el trabajador, es la vuelta al pasado.

Es una nueva concesión a los empresarios y, desde luego, borra el apellido «social» de Europa. Hace 138 años la jornada laboral se situaba entre las 65 y las 70 horas semanales. Se ha retrocedido en el tiempo y, desde luego, queda en manos de la clase trabajadora la vuelta a la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo. Hace poco más de diez años, el Estado francés y algunos sectores alemanes introdujeron la jornada de 35 horas, aunque está retrocediendo. En el sector público de la CAV se avanzó en ese sentido, pero no se logró que calara en el sector privado, que ha estado «intoxicando» para romper la fuerza que los trabajadores hicieron por un modelo de reparto de la jornada laboral para poder trabajar todos.

Euskal Herria vivió una huelga general por este motivo hace diez años, pero la patronal ha jugado sus bazas y ha extendido sus tentáculos hasta los lobbys poderosos de la UE para conseguir aumentar el tiempo de trabajo hasta niveles similares a los del siglo XIX.

El crecimiento económico moderno comportó cambios fundamentales en el concepto de trabajo y, en especial, de la duración de la jornada de trabajo. Montserrat Llonch y Jordi Maluquer de Motes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el capítulo de «Trabajo y Relaciones Laborales» del estudio estadístico histórico de la Fundación BBVA, explican las mejoras sociolaborales acaecidas desde el pasado siglo XIX e indican que «desde una perspectiva secular, la disminución del tiempo de trabajo y la mejora de los salarios son el resultado de los incrementos de productividad que genera el propio proceso de modernización económica. Pero la reducción de la jornada -desde el siglo XIX al XXI- no ha sido sólo un componente de redistribución, sino que también ha actuado como factor de crecimiento, ya que ha conllevado cambios hacia una organización más eficiente del trabajo y ha contribuido a generar más puestos de trabajo».

En la actualidad es evidente que ya no es así. La precariedad laboral avanza en Europa a ritmos insospechados y los salarios crecen muy por debajo de la economía. En los últimos 16 años, caracterizados por fuertes crecimientos en los resultados empresariales y de la economía, los salarios reales apenas crecieron en un 1,5%. Por lo tanto, el retroceso en esas conquistas sociales y económicas nos sitúan en el siglo XIX y comienzos del XX. Los datos estadísticos indican que la jornada laboral en 1870 estaba en 64 horas para los obreros de la industria manufacturera y superaría las 70 horas en el caso de los trabajadores del sector terciario.

Minas vizcainas

En este caso, destaca que en la última década del siglo XIX, los mineros vizcainos lograron una reducción significativa de la jornada laboral. «Si entre 1876 a 1890 la jornada fue de 12 horas diarias, tras la huelga de este último año se rebajó a 10 horas», indican Llonch y Maluquer.

Las disposiciones sobre la duración de la jornada para los trabajadores llegaron a inicios del siglo XX. La ley española del 3 de marzo de 1904 permite el descanso dominical. En 1902 se promulgó la jornada de ocho horas para los trabajadores de los establecimientos de Hacienda Pública; ocho años después se dictó la jornada máxima de nueve horas diarias en las minas. El 24 de agosto de 1913 se estableció la jornada de 60 horas semanales en la industria textil.

Se considera que la regulación principal llegó el 3 de abril de 1919, que estableció la jornada máxima legal de 48 horas semanales en todos los trabajos, aunque después exceptuó a la mayoría del sector agrícola. Hasta el 28 de agosto de 1931 no habría otra mejora, que redujo a siete horas diarias el trabajo subterráneo en las explotaciones carboníferas y el 5 de marzo de 1936 se estipuló la jornada de trabajo en la industria metalúrgica en 44 horas semanales.

Durante la Segunda República se incidió en las mejoras hacia los agricultores y el 21 de noviembre de 1931 «se estipuló un permiso anual retribuido de siete días, con la condición que la duración mínima del contrato fuera anual». En este caso, a diferencia del modelo del Estado francés, la aplicación de la jornada de 40 horas semanales no llegó a materializarse. El convenio de la OIT de 22 de junio de 1935 estableció esa reducción, pero no fue ratificado por el Estado español, que se encontraba en fase de estudio «los días previos al estallido de la Guerra Civil». En el período franquista aumentó la jornada. Tras la dictadura, el Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980 dejó la jornada en 42 horas semanales para los trabajadores a jornada continua y 43 horas para los de jornada partida. Tres años después, en 1983, se redujo la jornada máxima a 40 horas semanales y 30 días de vacaciones como mínimo, que es como está regulado en la actualidad.