En una declaración aprobada por unanimidad el pasado jueves y difundida ayer -está reproducida en su integridad en la siguiente página-, la Academia expresa sin tapujos su indignación y reprocha a los diputados que votaran a favor de un texto que aboga por que se añada a la Constitución francesa, en el artículo primero que comienza así «Francia es una República indivisible, laica, democrática y social», la siguiente frase: «Las lenguas regionales forman parte de su patrimonio».

En su manifiesto, dice reconocer que las lenguas minorizadas forman parte del «patrimonio cultural y social» del Estado francés. «¿Quién lo pone en duda? Ellas expresan realidades y sensibilidades que contribuyen a la riqueza de nuestra nación. Pero, ¿por qué esta súbita aparición en la Constitución?», se pregunta a continuación. Y sentencia: «El derecho no describe, obliga. Sobre todo cuando se trata del derecho de los derechos, la Constitución».

«Desde hace más de cinco siglos, la lengua francesa ha forjado Francia. En justa reciprocidad, nuestra Constitución, en su artículo 2, ha reconocido esta evidencia: `La lengua de la República es el francés'», apunta la Academia. Precisamente, muestra un especial malestar por el hecho de la coletilla que los electos de la Asamblea Nacional proponen incluir pueda ser recogida en el artículo primero del texto constitucional, mientras que la referencia al único idioma oficial de la República llega en el segundo. «Nos parece que colocar las lenguas regionales de Francia por delante de la lengua de la República es un desafío a la simple lógica», indican los académicos.

Pero no sólo eso, ya que también creen que la inclusión de la citada frase supondría «la negación de la República, una confusión entre el principio cons- titutivo de la nación y el objeto de una política (determinada)».

Las consecuencias del texto votado por los diputados «son graves», advierte la Academia, explicitando que «pone en causa, especialmente, el acceso igualitario de todos a la Administración y a la Justicia».

Reacciones de Kontseilua y AEK

«La Academia francesa, que ha recibido el mandato de velar por la lengua francesa en su uso y su difusión, apela por ello a la representación nacional. Demanda la retirada de este texto cuyas excelentes intenciones pueden y deben expresarse en otros lugares, pero que no tienen sitio en la Constitución», concluye su declaración.

Tras tener conocimiento de la opinión de los académicos, la representante de Kontseilua Jone Josie manifestó a GARA que «en nombre de la igualdad, se niega otra vez el reconocimiento de nuestro idioma», al tiempo que recordó que la ONU ha vuelto a instar nuevamente al Estado francés a no poner excusas y a suscribir la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas.

«Cuando se debatió sobre el anexo al primer artículo [de la Constitución], advertimos que eso no traería nada porque el segundo artículo sigue vigente. No observamos que el Estado tuviera voluntad de cambiar su postura», agregó.

Jakes Bortayrou, de AEK, considera exagerada la reacción de la Academia: «Creo que no tiene ni idea sobre el estatus jurídico de los idiomas. Rechaza que los minoritarios estén en el primer artículo y el francés sólo en el segundo. Pero no es así. En el primer artículo se dice que las lenguas regionales constituyen un patrimonio, como las piedras antiguas, los castillos... En cambio, el segundo artículo señala que el francés es el idioma de la República. Por tanto, le da un estatuto mucho más fuerte, porque hay que utilizar esa lengua. Reconocer a los demás idiomas como patrimonio no trae consigo que se deban usar, proteger legalmente, desarrollar...».

A su juicio, si el Gobierno de Fillon cede ante la Academia se manifestará su falta de voluntad para trabajar por las lenguas.

El apoyo del Parlamento a la enmienda al proyecto de Ley de Reforma de las Instituciones para inscribir en el artículo primero de la Constitución la mención a los idiomas regionales se produjo el jueves, por sorpresa. No obstante, pese a la luz verde casi unánime de los diputados, sus efectos prácticos podrían considerarse nulos en tanto que el Gobierno, por boca de su ministra de Cultura, Christine Albanell, ya dijo el 7 de mayo que en la ley comprometida en relación a estas lenguas no se reconocería su oficialidad, al tiempo que confirmaba que París no firmará la Carta Europea.