La cruda realidad de la isla nos presenta un panorama donde el estado de emergencia decretado por el Gobierno central se ha ampliado un mes más, las detenciones y desapariciones de civiles tamiles son un tónica habitual, donde destaca, además, el acoso represivo que sufren las comuni- dades tamiles de la capital, Colombo, y de las zonas limítrofes, y la profesión de periodista está en el punto de mira del Ejecutivo, con amenazas (como las lanzadas desde la web oficial del Ministerio de Defensa), palizas y secuestro de todo aquel que ponga en tela de juicio la estrategia militarista y represiva del gobierno de Colombo. La guinda la han puesto las denuncias de organismos defensores de los derechos humanos que colocan al Gobierno entre los primeros en utilizar la violencia y el abuso de poder y ser impulsor, al mismo tiempo, de una guerra sucia en toda regla.

El análisis oficial, con el respaldo de buena parte de la autodenominada «comunidad internacional» incide en un doble error. Por un lado, se quiere hacer creer que el problema en Sri Lanka se reduce al LTTE (Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil), es decir a un fenómeno que califican de «terrorismo», y de ahí se deduce también que el «único problema es, por lo tanto, el LTTE». Con esas premisas no es de extrañar que el resultado sea una guerra que presenta su rostro más despiadado.

Esa lectura reduccionista del conflicto pasa por alto que décadas antes de que el LTTE hiciera su primera aparición pública, el conflicto ya existía y que, con toda probabilidad, el surgimiento del propio LTTE sea una consecuencia directa de ese conflicto. Desde el Gobierno de Sri Lanka se anuncia a bombo y platillo que «el LTTE está más débil que nunca», y que «este año, antes de diciembre, la derrota o aniquilamiento» de la organización de los tigres tamiles será completa. Por ello, defiende a capa y espada su política de «solución militar» y desarrolla una táctica basada en ataques indiscriminados, ofensivas militares, guerra sucia y represión.

Un repaso con cierta perspectiva evidencia la aplicación, por parte del Ejecutivo cingalés, de esquemas basados en una «agenda opresiva y colonial». Así, se prima la construcción de infraestructuras en zonas cingalesas, dejando de lado los núcleos de población tamil y dificultando la comunicación interna entre tamiles. Además, el Gobierno de Colombo no ha dudado en alterar administrativamente algunas zonas para lograr un desequilibrio demográfico favorable a sus intereses. En definitiva, se siguen aplicando esquemas coloniales bajo el pretexto del desarrollo, que benefician a los intereses centralistas, dejando aislada y sin oportunidades de desarrollo económico a la población tamil.

La apuesta exclusiva por una solución basada en la guerra sin cuartel no está trayendo más que sufrimiento, principalmente para la población civil de ambas comunidades. El Gobierno no está logrando los avances militares que esperaba, y la suma económica empleada en esa apuesta militarista tendrá sus consecuencias a corto o medio plazo en el conjunto de la economía de la isla. Además, y a pesar de que ha logrado algunas victorias parciales sobre el LTTE (la muerte de dirigentes cualificados de los tigres tamiles o la pérdida de zonas bajo su control en el este de la isla son reveses serios para la organización tamil), hablar de una derrota y aniquilamiento total roza el absurdo. Y, sobre todo, si tenemos en cuenta que los ataques contra la zona norte de la isla, el centro neurálgico del territorio tamil, se están encontrando cada vez con una mayor resistencia, que va pareja al alto número de vidas militares cingalesas que se están perdiendo.

En este escenario, una vez más, sobresale también el papel de parte de la comunidad internacional. Su actuación ha sido resumida por un analista local que señala que, en gran medida, ha actuado de manera «hipócrita, primando en todo momento sus propios intereses y defendiendo la actuación del Gobierno de Sri Lanka». Las contradicciones de esos actores son evidentes. Así, hace algún tiempo el embajador de EEUU señalaba que no creía «en una solución militar. La experiencia de más de 25 años nos muestra que el LTTE es una organización muy bien preparada y se hace muy difícil derrotarla militarmente». Para concluir asegurando que «la solución al conflicto debe ser política».

Sin embargo, al mismo tiempo, algunos actores internacionales han intentado boicotear la iniciativa de paz impulsada por Noruega, y no han dudado en rearmar militarmente al Ejercito cingalés, incluso durante la tregua y mientras el proceso de paz seguía en vigor.

Mientras el ejército de Colombo prosigue su ofensiva militar, con ataques que pasan desapercibidos en los medios y que causan importantes víctimas civiles tamiles (como el bombardeo de un orfanato tamil que mató a más de sesenta niños en agosto del 2006 o los recientes ataques indiscriminados con bombas en las carreteras en zonas controladas por el LTTE y que originan muertes civiles), los ataques en «la retaguardia» cingalesa también se suceden.

En este sentido, hay dos teorías en torno a los recientes atentados ocurridos en Colombo y otras ciudades de Sri Lanka. Por un lado, estaría la mano del LTTE, a pesar de que la organización tamil rechaza este tipo de ataques. Los defensores de esa teoría argumentan que con esos ataques se estaría buscando devolver «el sufrimiento de la población tamil» y, al mismo tiempo, mostrar a la sociedad cingalesa que la pretensión de su Gobierno de acabar militarmente con el conflicto es inviable, lo que provocaría un descenso del apoyo a la actual campaña militar y llevaría al Ejecutivo de Colombo a buscar una salida negociada.

La otra teoría apunta en la dirección opuesta, y se dice que sus defensores podrían estar englobados en una campaña de guerra sucia destinada a caldear los ánimos entre la población cingalesa, para que ésta se vuelque con las pretensiones militaristas de su Gobierno.

El reconocimiento de la soberanía tamil y el derecho de este pueblo a ejercer, sin ingerencias, su derecho a la libre determinación, son los ejes centrales para poder crear una situación que proporcione un acuerdo negociado y definitivo. Y en ese contexto, la participación internacional debería encaminarse a lograr ese fin dialogado del conflicto, y no actuar de manera interesada, marginando y persiguiendo a los representantes tamiles por el mundo y apoyando, sin reservas, la peligrosa política represiva del Gobierno de Sri Lanka. Como bien señalaba un periodista local, «cualquier intento de imponer una solución que interese a todas las partes, excepto a la tamil, marginando a ésta, está condenado al fracaso». La solución vendrá dada en base a un acuerdo justo para ambas partes y, sobre todo, en el respeto del pueblo tamil para elegir libremente el rumbo de su futuro.