Tres de cada cuatro trabajadores vascos perciben un alto nivel de riesgo para su salud en los puestos de trabajo. La vigilancia de la salud de los trabajadores debe contar con todas las garantías y el control debe ser continuo, porque las condiciones de trabajo están empeorando y los trabajadores cada día manipulan o están en contacto con más productos que elevan los riesgos para la salud.

A menudo, se explica desde la Administración pública, que debería de ser garante de la aplicación correcta de la prevención y la vigilancia, que las medianas y grandes empresas están intensificando la actividad en favor de la seguridad y la salud en el trabajo, pero la realidad no muestra ese camino tan despejado. Ibon Zubiela, secretario de Salud Laboral de LAB, afirma a GARA que «no es así» y pone como ejemplo las resoluciones de los servicios de Osalan, el Departamento de Sanidad y la Inspección de Trabajo que han sancionado de distinta manera a la plataforma de telemárketing Atento, al centro comercial multinacional sueco Ikea e, incluso, a la Acería Compacta de Bizkaia (ACB), que pertenece a la multinacional Arcelor Mittal.

Un trabajo que se realizó hace unos meses en el seno de una comisión de trabajo de Osalan concluyó que el 65% de las empresas no tiene contratada la vigilancia y seguimiento de la salud de los trabajadores. «Eso ha ido aumentando un poco más», según confirma el experto en salud laboral de la central sindical, Ibon Zubiela. «Estamos en un estado muy inicial. No hay vigilancia de la salud, es de mala calidad y se hace de mala manera», confirmó.

El representante de LAB destacó que «la vigilancia de la salud es más que un reconocimiento médico. Tiene que servir para objetivos concretos, para prevenir enfermedades profesionales y para conocer, entre otras muchas actuaciones, cómo afectan los riesgos a la salud de los trabajadores». Se queja, sin embargo, de que las empresas se limitan, en muchas ocasiones, a «cumplimientos formales».

LAB apuesta por ir más lejos. De ahí que esté desarrollando una actividad de control y que presente denuncias en aquellos lugares en los que la vulneración de ese derecho del trabajador para sus salud es flagrante. Atento e Ikea son dos ejemplos, que se acompañan de la Acería Compacta de Bizkaia y de una empresa de Zestoa.

«Tratamos de que las empresas hagan más que ese cumplimiento formal y, sobre todo, que no menoscaben los derechos de los trabajadores a una prevención de la salud en el puesto de trabajo», precisó Ibon Zubiela.

Horas de trabajo

En el caso de Atento, tras las denuncias de LAB, la Inspección de Trabajo de Bizkaia concluye que «la garantía de la vigilancia médica de la salud de los trabajadores es un deber para el empresario» y éste debe planificar las actividades necesarias para «eliminar o reducir los riesgos existentes». En el caso de esta empresa de teleservicios, se demostró que al menos 61 trabajadores tuvieron que realizar la vigilancia de la salud fuera de las horas de trabajo, lo que supone una vulneración de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. La Inspección de Trabajo confirmó, por otra parte, algo que los empresarios olvidan con relativa frecuencia, que «el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá de recaer en modo alguno sobre los trabajadores».

Ibon Zubiela explica que «los afectados han realizado de media dos horas más de trabajo y la sanción impuesta es grave, con lo que irá entre las 4.000 y 5.000 euros y un recargo del 20% de las horas extras. Los trabajadores pueden solicitar, a través de una demanda de cantidades, que se les devuelva ese tiempo invertido en el reconocimiento médico».

En el caso de Ikea, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Lakua concluye que se realizó «la actividad sanitaria básica de los reconocimientos médicos correspondientes a la vigilancia de la salud de sus trabajadores en locales carentes de autorización administrativa al efecto» y «por personal facultativo no autorizado, que no está en posesión de la titulación de especialista en Medicina del Trabajo y que no pertenece a la plantilla de ese servicio de prevención mancomunado de Ikea».

Por esos motivos, se le impone una sanción de 3.606,8 euros como una falta grave. A la vista de estas sanciones, el secretario de Salud Laboral de LAB indica que el «objetivo que perseguimos es dar un toque de atención a las empresas». Sin embargo, entiende que «esas sanciones no son ejemplarizantes, porque esas cantidades no son tan elevadas para que ambas puedan hacer frente a las mismas. Sí queremos demostrar que tenemos razón y que las empresas incumplen de forma sistemática la legislación preventiva».

Para LAB, «la denuncia por sí sola no cambia la realidad, sino que se debe producir un apoyo de los delegados y de los trabajadores con el fin de que esa concienciación se extienda entre las empresas y también en la Administración pública. El camino, sin duda, es la movilización y la lucha».

En este sentido, Zubiela indicó que ambas empresas son representativas porque cuentan con más de 400 trabajadores en sus plantillas y «ponen de manifiesto que las grandes empresas también incumplen, aunque se nos quiere hacer creer lo contrario».

Furgonetas

El representante sindical también deja claro que «hemos realizado numerosas denuncias de servicios de prevención que realizan la vigilancia de la salud a través d furgonetas, aunque ellos las llamen unidades móviles. Se utilizan de forma ilegal y ahí están las denuncias; estamos preparando ya otra denuncia en una empresa de Zestoa en la que Asepeyo ha llevado desde Azpeitia una de ellas, incumpliendo la legislación, ya que se han hecho los controles de los trabajadores sin respetar los preceptos legales sobre las audiometrías, por ejemplo».

Lo que está quedando claro en todas estas actuaciones es que deben ser los trabajadores los que se ganan la salud ante el incumplimiento generalizado de la legislación en materia preventiva por parte de las empresas, con la aquiescencia de la Administración pública.

En este caso, LAB recuerda que, «por tercera vez consecutiva», Osalan, ante la denuncia en la ACB, ha llamado la atención a los servicios médicos de esa empresa perteneciente a la multinacional Arcelor Mittal para que se dediquen a la prevención y «no a dar altas y bajas de trabajadores, que le corresponde a la mutua». Recomienda, además, a la ACB que «fomente la prevención de riesgos en el trabajo como pilar para reducir los accidentes».