El Gobierno español ha mostrado escasa voluntad para responder al requerimiento del juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón para recabar información sobre los desaparecidos durante el franquismo e, incluso, ha negado que exista un registro, según informó ayer «El País».

El juez del tribunal especial se dirigió al Gobierno a instancia de asociaciones de familiares de desaparecidos [fusilados de los que no se sabe dónde están enterrados] de Nafarroa, Països Catalans, Galicia y Andalucía. Garzón pedía al Gobierno que determinase el número de desaparecidos durante el franquismo.

Ioseba Eceolaza, de la Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos de Nafarroa, uno de los colectivos que han instado a esta investigación, señaló a GARA que «es cierto que no hay un registro centralizado de desaparecidos, pero también es cierto que esa documentación existe».

Eceolaza pone como ejemplo los muertos en la fuga del fuerte de San Cristóbal, que fueron registrados en junio de 1947, nueve años después de que se produjera la evasión. «Esa documentación existía y fue la que permitió a la iniciativa popular localizar y exhumar esos cuerpos», añade.

En este sentido, señala que entre 1959 y 1961 se trasladaron cuerpos de fusilados republicanos al Valle de los Caídos, donde podrían encontrarse muchos de los que actualmente figuran como desaparecidos. De hecho, vecinos de Lodosa pudieron rescatar los restos de sus allegados del mausoleo franquista. «Si se pudieron localizar esos cuerpos basándose en documentación, se puede hacer con el resto», concluye.

30.000 desaparecidos

A la hora de valorar la actitud de las instituciones, Eceolaza la califica de «contradictoria», ya que, por un lado, subvencionan investigaciones concretas, pero no hay una sistematización. «En el caso de San Cristóbal, los militares tenían registrado que había un cementerio junto al fuerte y la identidad de los enterrados allí. Pero han pasado muchos años hasta que pudimos acceder a estos datos», explica Eceolaza.

Se estima que en el Estado español existen unos 30.000 desaparecidos víctimas de la represión franquista. Los colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria histórica ya han mostrado su voluntad de colaborar con Garzón si realmente quiere investigar. «Si necesita datos, nosotros se los damos», insiste Eceolaza.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, por su parte, instó al Gobierno español a no obstaculizar la investigación sobre los desaparecidos. «Esperemos que no tengan la doble moral de estar más preocupados por los desaparecidos de Latinoamérica que por los de España», señaló.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sin embargo, reiteraron que este tribunal no es competente para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en el Estado español, sino únicamente los registrados fuera.