«Cuando el Tribunal Constitucional le diga que no [a la consulta], ETA le puede decir a los vascos: ¿No véis como para alcanzar la independencia no valen los caminos de Ibarretxe, sino que hay que ir a los míos?». Estas palabras las lanzó ayer el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se basan en el mismo argumento que el ex presidente del PNV Josu Jon Imaz utilizó para oponerse a la consulta cuando aún dirigía la formación jeltzale. La diferencia, en este caso, estriba en que es el propio goberno al que pertenece Rubalcaba quien va a recurrir y, por tanto, paralizar el proyecto del lehendakari.

Las declaraciones del ministro español se produjeron en la jornada de resaca del pleno del viernes, en la que la mayoría de portavoces compareció para valorar lo sucedido en el Parlamento de Gasteiz.

Rubalcaba, que calificó la iniciativa de Ibarretxe de «viaje a ninguna parte» y le atribuyó motivos extrictamente electorales, valoró que el lehendakari sabe de antemano que no va a tener ningún recorrido.

También desde el Ejecutivo español, la vicepresidenta y portavoz María Teresa Fernández de la Vega insistió en lo expuesto la víspera, y tras señalar que «el segundo plan Ibarretxe es tan inconstitucional como el primero», aseguró que la consulta no se celebrará.

Desde el Ejecutivo autonómico, por contra, consideran que si la anunciada impugnación del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional prospera, y se prohíbe la celebración de la consulta, no será consecuencia de una «imposibilidad jurídica», sino el resultado de «un veto político».

Así lo valoró ayer la portavoz de Lakua, Miren Azkarate, quien no dio pista alguna de si el tripartito piensa hacer algo una vez que tenga la prohibición sobre la mesa. A este respecto, Azkarate aseguró que el Gobierno «contestará» al recurso, y puntualizó que no es cierto que Lakua no haya pensado cuál será su actuación, sino que «una cosa es pensarlo y otra decirlo». «Son cosas diferentes».

No fue más allá, a pesar del compromiso de que la gestión de esta iniciativa correspondería al Parlamento una vez aprobada en la Cámara.

Urkullu apela a Zapatero

Las formaciones que conforman el tripartito también hicieron, cada una por su parte, una valoración de lo acontecido el viernes y la reacción de La Moncloa. Iñigo Urkullu pidió precisamente a José Luis Rodríguez Zapatero que si presenta un recurso de insconstitucionalidad contra la Ley de Consulta, «no impida» su recorrido solicitando también su suspensión. El líder jeltzale también solicitó al mandatario español que «sea honesto y se siente a hablar», ya que «nosotros estamos dispuestos».

Urkullu, que recriminó a Ezker Abertzalea haberle dado un voto a la propuesta de Ibarretxe por buscar «lo que más daño pueda hacer al PNV y al lehendakari», sostuvo que acatar la legalidad no significa «hincar la rodilla», y anunció que su partido debatirá qué hacer para después promover «todo tipo de iniciativas políticas e institucionales» sobre la consulta.

Tampoco Ezker Batua tiene intención alguna de hacer frente a la legalidad española. El coordinador general de la coalición y consejero de Vivienda de Lakua, Javier Madrazo, lo dejó claro al anunciar que el tripartito no va a «hacer el juego» al PP y al PSE, formaciones que, según opinó, «quieren que nos saltemos la legalidad». Por eso, por si hubiera alguna duda, insistió en que el tripartito responderá al recurso «con la ley en la mano».

Madrazo admitió, en cualquier caso, que tienen frente a sí un «objetivo difícil», ya que «quienes detentan el poder en la Justicia española están muy politizados y sometidos a las tesis más reaccionarias, retrógradas e involucionistas».

El tercer socio del gobierno, EA, tampoco fue más allá que sus compañeros. Aunque Mikel Irujo advirtió de que no se quedarán «de brazos cruzados» ante la acción del Ejecutivo de Zapatero, ahí se quedó. Irujo, a pesar de todo, defendió que lo aprobado el viernes en el Parlamento de Gasteiz «pone muy nervioso a Madrid».