El caso que nos ocupa, es Zuia, municipio situado en las faldas del Gorbea, con una escasa vida industrial y un creciente peso del sector turístico y hotelero. Si emprender una actividad empresarial nunca fue fácil, aquí todo se torna más complicado, visto lo que parece un absoluto desinterés municipal por garantizar los derechos e igualdad de condiciones de los hosteleros.

La más que criticable gestión de sus fondos públicos seguro que no es exclusiva; tampoco las subvenciones de locales privados con fondos públicos, locales de las juntas administrativas aparte, que son de uso de los pueblos. Muchos en situación legal irregular, utilizados en competencia desleal con otros vecinos.

Son muchas las exigencias en gestión de impuestos, contrataciones... por parte de la Administración, una creciente demanda de calidad por parte de los clientes... pero ¿cómo un ayuntamiento puede ser tan celoso en sus exigencias a los locales de hostelería de nuestro pueblo dejando de controlarse a sí mismo o a alguna entidad de la que directa o indirectamente es participe?

No puede ser que el «controlador» admita que el local situado en el Santuario de Oro haya estado funcionando durante años de forma no-legal, que esto sea incluso reconocido en el BOTHA del 16 de mayo de 2008, intentando legalizarlo ahora; que el Ayuntamiento detalle en su boletín la subvención de este local gestionado por una junta rectora -con 70.000 euros- para que a su vez sea arrendado por un alquiler irrisorio a un particular... arrendatario que no tendrá que amortizar, mejorar infraestructuras, afrontar otras responsabilidades de la hostelería, y nos tememos que tampoco tendrá el control de la administración.

Es nuestro derecho ciudadano exigir a nuestros gobernantes que sean garantes de la igualdad de todos ante la administración y ecuanimidad en sus actuaciones. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién controla al controlador?