Renacimiento, vuelta a los orígenes, nacer de las cenizas, transformación y revolución. El término quechua «Pachakuti» bien podría definir el proceso de cambios emprendido por Evo Morales desde que ganara las elecciones en diciembre del año 2005.

Bolivia se encuentra sumergida desde entonces en una «revolución democrática y cultural» en la que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político gobernante, ha iniciado un periodo de transición. De este modo, Evo Morales ha llevado a cabo una serie de reformas con la intención de «que se acabe la discriminación, el robo y el desprecio sufrido por los pueblos indígenas».

No se trata tan sólo de nacionalizar empresas que estaban en manos de transnacionales o de promulgar leyes para la equiparación de derechos entre los bolivianos. El objetivo es cambiar el sistema de raíz, poner fin a tantos años de estar gobernados por las élites políticas descendientes de los colonizadores. La nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada el 9 de diciembre del año pasado en Oruro, será la encargada de llevar a cabo la transformación estructural del país. La nueva CPE, que aún esta pendiente de ser aprobada en referéndum por los bolivianos, convertiría a Bolivia en «una república democrática, libre, soberana e intercultural, basada en la autodeterminación de los pueblos». Propone establecer un modelo de democracia consensual, practicada en las comunidades indígenas (el propio MAS es un «movimiento de movimientos», integrado por organizaciones sociales), institucionalizar la justicia comunitaria junto a la justicia ordinaria, eliminar los latifundios, impulsar la oficialidad de las lenguas originarias...

La resistencia opositora

Pero casi cuatro años después de la victoria electoral del MAS, Evo Morales debe afrontar el próximo 10 de agosto un test crucial para la continuidad de su Gobierno. El pasado 8 de mayo, el Senado boliviano controlado por la oposición aprobó el proyecto de ley que obliga al presidente Evo Morales, al vicepresidente, Alvaro García Linera, y a los prefectos (gobernadores) d e los nueve departamentos a someterse a un referéndum revocatorio. Para que tanto el presidente como las máximas autoridades bolivianas sean desposeídas de sus cargos, el «no» de los ciudadanos debe superar al «sí» obtenido en su anterior elección. Así, Evo Morales y García Linera consiguieron entonces 53,7 % de los votos.

En las últimas semanas, la oposición ha intentado frenar por todos los medios la convocatoria que los senadores del grupo político derechista Podemos impulsaron, ya que puede legitimar el proyecto del Gobierno y la revolución «masista» podría ya no tener marcha atrás. Los gobernadores opositores, que habían anunciado que no se someterían al referéndum revocatorio, rectificaron el viernes su posición y afirmaron que acudirán al «referendo revocatorio de la imposición y el capricho del presidente».

«Hemos llegado al gobierno, pero aún no tenemos el poder». Con sus primeras declaraciones como presidente, Evo Morales ya preveía que la transformación del país no sería tarea fácil. Al perder el control del Gobierno, los defensores del anterior status quo, representados por varios partidos de derecha, han intentado mantener sus cotas de poder. De este modo, impulsaron el movimiento autonómico en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni.

Terratenientes y grandes empresarios de los cuatro departamentos orientales de Bolivia, vieron con temor cómo un sindicalista cocalero y además de la etnia aymara tomaba las riendas políticas del país. Acostumbrados a controlar todas las esferas de poder mientras los indígenas se veían excluidos del sistema político, los dirigentes de la derecha no se resignaron. Por ello, desde comienzos del año 2006 los movimientos autonómicos cobraron fuerza y se convirtie- ron en la principal oposición a Morales.

Branko Marincovic, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y empresario agropecuario, ha sido y es el líder de este movimiento que busca desestabilizar el Gobierno nacional y evitar que la transformación que se esta realizando en el país se lleve a cabo en la llamada «media luna», que comprende los cuatro departamentos. Todo ello, con la injerencia externa de Estados Unidos que apoya al movimiento autonomista y lo financia a través de la USAID (Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional).

Aunque el Gobierno reconoce las autonomías departamentales en la nueva Constitución, los movimientos autonomistas crearon sus propios estatutos autonómicos otorgando a los departamentos una amplia autonomía y competencias en materia de educación, tierras, medio ambiente, recursos naturales, turismo, vivienda... Entre el 4 de mayo y el 22 de junio, los prefectos de los cuatro departamentos orientales convocaron consultas autonomistas, que no fueron reconocidas por el Gobierno. Entre graves disturbios. sin observadores internacionales y con una abstención que de alrededor del 50%, los estatutos han sido aprobados, según sus impulsores, por más de un 80% de los votantes en los cuatro departamentos.

El debate de la capitalidad

Además del rechazo de los dirigentes del movimiento autonómico, Evo Morales cuenta con una fuerte oposición en la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca y capital oficial, además de histórica, del país. La oposición, con el objetivo de dividir al MAS y provocar la desestabilización política en el país, volvió a impulsar el debate sobre la capitalidad de Bolivia.

Actualmente, las sedes del Gobierno y del Parlamento (poderes ejecutivo y legislativo) están en La Paz, mientras Sucre es la sede judicial de Bolivia. La nueva Constitución no otorga la capitalidad plena a Sucre. La decisión de la Asamblea Constituyente de sacar de los debates esta cuestión y la aprobación de la Carta Magna provocó graves incidentes en Sucre durante los meses de noviembre y diciembre de 2007, que se saldaron con tres muertos y más de cien heridos.

La Paz, junto con las ciudades de El Alto y Oruro, es el principal feudo del MAS, y por miedo a perder los apoyos con los que cuenta en esas ciudades, el Ejecutivo de Morales no trasladó la capitalidad plena a Sucre. De este modo, enarbolando la bandera de la capitalidad, la oposición ha conseguido dividir a los partidarios del Gobierno, como se ha puesto de manifiesto en las elecciones del 29 de junio para la Prefectura de Chuquisaca. Savina Cuéllar, ex dirigente del MAS que abandonó el partido por la negativa del Gobierno de reconocer a Sucre como capital plena del Estado, derrotó al candidato masista, Walter Valda, con el 55% de los votos frente al 40% de los sufragios.

Sin embargo, a más de 3.500 metros de altura y en este duro y frío de invierno que congela las comunidades del Altiplano boliviano, los indígenas quechuas y aymaras se muestran esperanzados con el proyecto del MAS. Los índices de pobreza de Bolivia son junto con Haití los más altos del continente latinoamericano, con más de un 60% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, llegando a más del 80 % en las poblaciones rurales. Pero a pesar de ello, o quizá precisamente por ello, en las humildes paredes de las mínimas casas de adobe numerosos indígenas escriben «Mi revolución avanza. Evo Cumple». Porque ésta es una revolu- ción de la gente de base.

La esclavitud guaraní

Mientras tanto, la opinión pública internacional se sigue estremeciendo con las noticias que llegan desde el Chaco boliviano. En esta región que abarca los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz la esclavitud de la etnia guaraní sigue siendo una realidad cotidiana. Según ha denunciado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación que viven millares de indígenas se agrava. La comunidad guaraní, la más numerosa tras los quechuas y los aymaras, es una de las etnias más discriminadas de Bolivia.

En las llamadas comunidades cautivas, los guaraníes realizan trabajos forzados durante más de doce horas al día, con un «sueldo» pagado en especias y sin acceso a derechos básicos. Se estima que unas mil familias viven empadronadas en situación de esclavitud, aunque la cifra podría ser mucho mayor. En Chuquisaca, donde más guaraníes esclavizados hay, se dan casos en los que algunos indígenas reciben latigazos si no cumplen su tarea. En una dramática descripción de la situación de las persona esclavizadas en las haciendas, la CIDH señala que «viven en la extrema pobreza y son sometidas a castigos como «huasqueadas» (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales». Algunos guaraníes tienen prohibido salir de sus haciendas, ya que los patrones quieren evitar que se comuniquen con organismos de derechos humanos.

Esta situación de esclavitud afecta también a los niños. Las niñas comienzan realizando labores domésticas en las haciendas, para quedarse más tarde como cocineras. Los niños, por su parte, realizan encargos menores, hasta que pasan a trabajar la tierra. La escuela está prohibida para la mayoría de los niños de estas comunidades, donde el 90 % de los guaraníes son analfabetos. Muchos huérfanos son llevados a estas haciendas, en los que los patrones se convierten prácticamente en sus propietarios.

El Gobierno de Evo Morales lleva desde el año 2007 intentando devolver las propiedades a los guaraníes y cederles el uso de la tierra. La pretendida redistribución de tierras en el Chaco fue frustrada por ganaderos y hacendados que rechazaron los intentos del Ejecutivo de entrar para repartirlas a las comunidades indígenas y verificar los títulos de propiedad de los empresarios.

516 años han pasado desde la colonización de América Latina y la «whipala», bandera que representa a los indígenas andinos y que simboliza el arco iris, ondea orgullosa en el Palacio Quemado presidencial en La Paz. Tras siglos de sometimiento, la historia de la resistencia indígena popular frente a la discriminación y la pobreza esta escribiendo un nuevo capítulo.

El «Pachakuti» predice que el pueblo despierta cada cien años. Y que lo hace para no volver a dormir jamás.