Recurrida la ley de consulta de la CAV
El Gobierno de Zapatero reitera que la soberanía es del pueblo español, no de las autonomías
El Gobierno español recurrió la Ley de Consulta de la CAV en cuanto ésta se publicó en el Boletín Oficial porque dice que invade competencias del Estado y atenta contra la unidad de España. Lakua respondió que el recurso supone «la suspensión de nuestro autogobierno».
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Como había prometido desde un principio, el Gobierno español se dio prisa en presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz el 27 de junio. En cuanto en la mañana de ayer salió publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el abogado del Estado Joaquín de Fuentes se presentó en el registro general del Tribunal Constitucional con el recurso que tenían redactado desde hace tiempo. Después, el Partido Popular registró también su propia impugnación.
Tres son los argumentos en los que se apoya la Abogacía del Estado para justificar la inconstitucionalidad de esta ley.
En primer lugar, sostiene que la norma del Parlamento de Gasteiz viola diversos artículos constitucionales sobre regulación de distintas modalidades de referéndum, «en cuanto que pretende marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la autorización de la consulta popular».
Desde el punto de vista del Gobierno español, que se hable de consulta no vinculante no es más que una estratagema, puesto que «la consulta regulada por la Ley impugnada es, con toda claridad, un referéndum consultivo». El recurso emplea la mitad de sus 31 folios en justificar este primer argumento de impugnación.
Violado el reglamento
Como segundo argumento de inconstitucionalidad, el Gobierno hace suyas unas apreciaciones del informe del Consejo de Estado, según las cuales la ley se ha tramitado violando lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Gasteiz, dado que por exclusiva voluntad del Gobierno de Lakua se hace uso del procedimiento de lectura única, alterando la correcta formación de la voluntad legislativa de la Cámara autonómica.
La Abogacía del Estado asegura que en este caso no concurrían «circunstancias de carácter extraordinario y razones de urgente necesidad» para recurrir a la lectura única, y que además la ley afecta a derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que no podía utilizarse esta figura reglamentaria.
El tercer motivo de inconstitucionalidad es que preguntar a la ciudadanía de la CAV sobre el ejercicio del derecho a decidir «es contrario a la atribución de la soberanía nacional al pueblo español (y no a una parte del mismo) y atenta a la unidad de la Nación española».
Una vez presentada la impugnación, el ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, manifestó que «pensemos que el sentido común se impondrá, ya ha sido suficiente el disparate, y esperemos que acabe exactamente hoy»
El recurso del PP es de similar tenor, aunque añade que la primera pregunta de la consulta da a ETA el «carácter de sujeto válido de interlocución política».
La respuesta de Ibarretxe
El Gobierno de Lakua calificó la impugnación de la ley como «una decisión extraordinaria y desproporcionada» y, por ello, decidió dar también una respuesta extraordinaria: en lugar de la habitual rueda de prensa de la portavoz del Ejecutivo, en esta ocasión compareció el lehendakari, acompañado de todo su Gabinete, para dar lectura al acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno.
En su comparecencia, Juan José Ibarretxe aseguró que la impugnación «constituye un ataque directo a nuestra autonomía y supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, fruto del pacto alcanzado entre Euskadi y el Estado español en el Estatuto de Gernika, dejando a las instituciones vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas unilateralmente por el Gobierno español».
Añadió el lehendakari que «resulta muy poco explicable desde los principios democráticos que la sola voluntad del Sr. Rodríguez Zapatero suspenda la voluntad mayoritaria del Parlamento vasco y, por lo tanto, del pueblo vasco. Estará así previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pero en el siglo XXI y en una sociedad madura y avanzada como la vasca un gobernante debería medir más sus decisiones y actos que sólo pueden ser entendidos por la ciudadanía como signos de prepotencia y arbitrariedad».
Recogiendo uno de los argumentos del recurso, Ibarretxe apuntó que «si el Gobierno español mantiene que `los vascos no pueden decidir por todos los españoles', con la misma firmeza y contundencia democrática, el Gobierno Vasco manifiesta que `los españoles no pueden decidir por los vascos', o dicho de otra forma, en una democracia real, el Presidente del Gobierno español no puede prohibir que la ciudadanía vasca exprese libre y democráticamente su opinión».
El Ejecutivo de Lakua acusó al Gobierno de Zapatero y al PSOE de actuar de forma «prepotente y arbitraria» e incluso «despectiva en contra de los intereses de Euskadi». Y recordó la falta de transferencias, el portazo al Nuevo Estatuto Político en 2005 y la disposición a negociar con ETA pero «no con los representantes legítimos de la sociedad vasca».
Ibarretxe acusó a Zapatero de tener «la oculta intención» de que sea el tiempo (la suspensión por cinco meses) y no el derecho quien entierre la consulta. No parecía saber que el recurso del Gobierno español pide una sentencia antes del 15 de setiembre.
Se presenta como el nuevo límite temporal de Lakua. Si hasta ahora la consigna era no adelantar acontecimientos sobre si el Gobierno recurriría la consulta, ahora toca que no hay que adelantarse a la resolución del TC. Ya lo dijo ayer el lehendakari.
Preguntado por la recomendación de Iñaki Azkuna al PNV de pasar la página de la consulta, Ibarretxe respondió que ha dado todos sus pasos con el apoyo de su partido, de EA y de EB. Mostró su respeto por las opiniones del alcalde.
Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno de Lakua adoptados ayer y que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, con el ceremonial de las grandes ocasiones trasmitió en directo a la ciudadanía través de algunos medios públicos, sólo había uno que tuviera cierto carácter práctico: la petición al Tribunal Constitucional de que «actuando desde la independencia del poder político» «se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta necesariamente antes del 15 de setiembre», fecha en la que tendría que ponerse en marcha toda la maquinaria de la consulta.
El lehendakari había denunciado con anterioridad que «la oculta intención del camino emprendido por Rodríguez Zapatero» es que «sea el tiempo y no el derecho» el que acabe con la consulta. Partía de la idea de que el Gobierno español pretendía que se agotaran los cinco meses de suspensión que permite el recurso al Tribunal Constitucional, para que pasara la fecha del 25 de octubre. Y por ello, Ibarretxe había afirmado tajante que «ante una cuestión tan fundamental, la sociedad vasca y el Gobierno Vasco exigen claridad y decisión al Estado de manera que decisiones políticas legítimas, legales y democráticas, como la consulta aprobada por el Parlamento, no se pretendan enterrar por el paso del tiempo y según los intereses partidistas de quien la suspende».
Lo que el Ejecutivo de Lakua no parecía saber en ese momento -pasadas la una del mediodía- es que el recurso del Gobierno español ya incluía la petición al Tribunal Constitucional de que resolviera sobre el fondo del recurso antes de esa fecha, el 15 de setiembre. Lo pide para que si el TC da la razón a Lakua y la consulta es constitucional, no haya problemas para su realización, o para que, en caso contrario, quede claro desde el principio la inconstitucionalidad «del camino refrendario emprendido por el Parlamento, el Gobierno y el lehendakari» de la CAV. Es más, la Abogacía del Estado ha suplicado al Constitucional que habilite los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de agosto para que el fallo pueda estar listo antes del 15 de setiembre.
También el recurso presentado por el PP incluye estas peticiones.
Sin embargo, el Gobierno de Lakua no debía saberlo. De hecho, el acuerdo refrendado ayer por el Consejo y remitido a los medios de comunicación está redactado el lunes y las modificaciones de última hora que se le introdujeron ayer no afectaron a esta materia.
Cuando al lehendakari se le preguntó qué opinaba sobre la petición del Gobierno español, que coincidía con la suya, respondió con evasivas y colaboradores muy cercanos a él reconocieron que ellos no conocían el contenido del recurso.
Por otra parte, Lakua anunció también que seguirá con los preparativos de la consulta, porque está convencido de su legalidad y conveniencia.
I. IRIONDO
Lakua reiteró ayer que la función de la consulta es recabar la opinión de la ciudadanía vasca, sin que ello suponga obligación jurídica para el Estado de modificar el marco constitucional. Es más una cosa de saber la opinión que de tomar una decisión.
