Indonesia asumió su «responsabilidad institucional» en los crímenes cometidos en Timor Oriental en 1999 aunque no pidió perdón por ello ni tampoco emprenderá acciones judiciales contra los responsables.

«En nombre de los gobiernos de Indonesia y Timor Oriental expresamos nuestro profundo pesar a todas las partes y a todas las víctimas que directa o indirectamente sufrieron daños físicos y sicológicos a causa de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron antes o poco después del referéndum por la independencia de Timor Oriental de 1999», manifestaron el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, y su homólogo timorense, José Ramos Horta, en una declaración conjunta leída en la isla de Bali.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Amistad hecho público el pasado viernes, al menos 1.400 personas perdieron la vida en Timor Oriental a manos de las milicias organizadas y armadas por el Ejército indonesio.

«Indonesia tiene que aprender de lo que pasó y saber quién ha hecho qué a quién, y quién detenta la responsabilidad», remarcó Yudhoyono.

«Sólo la verdad nos librará de repetir el pasado», añadió al tiempo que trasladó a Ramos Horta «el arrepentimiento» de su Gobierno. Pese a estas declaraciones, no habrá juicios ni peticiones de perdón.

El mandatario indonesio dejó patente su intención de aprovechar la ocasión para pasar página porque, en su opinión, no se puede avanzar si se centra «siempre la atención en el pasado». De esta forma, descartó la posibilidad de llevar a los culpables, paramilitares, policías y militares, ante un tribunal internacional, una exigencia de las víctimas y organizaciones no gubernamentales.

En consonancia con Yudhoyono, Ramos Horta subrayó que su país no busca castigar a los responsables. «La Justicia no sólo debe perseguir, sino también reconstruir», añadió.

La postura de ambos mandatarios ha supuesto un jarro de agua fría para quienes exigen que se juzgue a los responsables de la ola de violencia que mató a más de 1.400 personas y destruyó el 80% de las infraestructuras del país. Según el informe de la citada Comisión, «en 1999 ocurrieron en Timor Oriental graves violaciones de derechos humanos en forma de crímenes contra la humanidad. Entre esas vulneraciones figuran homicidios, violaciones y otras formas de agresión sexual, torturas y detenciones ilegales».

Indonesia invadió Timor Oriental en 1975 cuando todavía era una colonia portuguesa. Amnistía Internacional calcula que en los 24 años de ocupación indonesia, murieron cerca de 210.000 personas -casi una cuarta parte de la población total de este territorio-, debido al hambre, a las epidemias causadas por la política de «tierra quemada» y a las masacres. Tras el derrocamiento del dictador Suharto, en mayo de 1988, la presión internacional forzó a Indonesia a aceptar un referéndum de autodeterminación, que dio una amplia mayoría a los partidarios de la independencia y abrió la espita a una durísima represión por parte del Ejército.

El general Wiranto, que comandaba las Fuerzas Armadas de Indonesia, fue acusado de crímenes contra la humanidad, pero sigue libre en su país.