Iñaki IRIONDO

El espionaje político es una práctica delictiva pero consentida por los poderes del Estado español, hasta el punto de que sus autores saben que actúan en condiciones de casi total impunidad y con protección oficial. Los hechos así lo demuestran. En los pocos casos en los que se ha demostrado la existencia de escuchas ilegales, la depuración de responsabilidades ha acabado diluyéndose y quedando en nada.

Un ejemplo paradigmático es el de las escuchas descubiertas en la sede de HB de Gasteiz en marzo de 1998. A raíz de un cambio de centralita telefónica se encontró un dispositivo en el falso techo que llevaba cables al piso superior, alquilado por el Cesid, y donde aparecieron numerosas grabaciones de conversaciones privadas. La condena inicial contra dos directores del espionaje español y contra dos de sus agentes, dictada por la Audiencia Provincial de Araba tras una instrucción llena de obstáculos oficiales, fue corregida por instancias judiciales superiores, hasta acabar absolviendo o indultando a todos los condenados. Y el Tribunal Supremo se permitió escribir en la sentencia que espiar a HB -una formación legal durante los años de escuchas- «no puede llamar la atención».

Un caso más cercano nos lleva a las fechas posteriores al 11-M de 2004. En julio de ese mismo año trascendió públicamente una «nota informativa» del CNI en el que daba cuenta de conversaciones telefónicas mantenidas tras los atentados de Madrid entre el presidente de ERC y Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, Josep LLuís Carod- Rovira, y el parlamentario de Sozialista Abertzaleak Arnaldo Otegi y entre éste y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el parlamentario de EA Rafael Larreina. EA y ERC solicitaron la comparecencia en comisión del Congreso del director del CNI y de la vicepresidenta del Gobierno a fin de que informaran sobre el porqué de estas escuchas y la garantía de la protección del secreto de comunicaciones. Las peticiones, efectuadas en julio de 2004, no fueron atendidas en toda la legislatura y acabaron caducando con la disolución de las Cortes.

En torno a GARA

Lo ocurrido ahora en la delegación de Iruñea no es el único episodio que hace pensar en la existencia de un espionaje ilegal y en el que de una u otra forma aparece afectado este diario. Hace diez años, cuando comenzaba a ponerse en marcha GARA, en la primera visita al local que hoy es la redacción de Donostia se observó un extraño montaje que hacía sospechar que se habían estado realizando escuchas al local situado debajo, en el que está la sede de EA. La planta de edificio estaba como había quedado de obra (techo, suelo y columnas, ninguna pared), pero «en una zona -recuerda una persona que visitó el edificio- se había levantado una especie de habitáculo, creo que con láminas de madera o algo parecido, en el que había evidencias, como algún instrumento de gimnasia, que dejaba claro que alguien había estado allí pasando mucho tiempo. A aquel habitáculo llegaban varios tubos de plástico, de los que se emplean para canalizar cables, que conectaban con el piso de abajo».

El otro caso afectó directamente a la primera directora de este diario, Mertxe Aizpurua. «Un familiar llamó en una ocasión a mi domicilio -comenta- y escuchó la conversación que había mantenido yo la víspera en mi casa. No por teléfono, sino en casa». Una muestra de cómo el teléfono puede ser utilizado también a modo de micrófono para controlar todo tipo de conversaciones que se produzcan cerca de él.

Al PNV, en el despacho del Congreso

En 2003 las secretarias del grupo del PNV en el Congreso comenzaron a notar ruidos extraños en sus teléfonos. Aparecían interferencias y, en una ocasión, tras marcar un número exterior y antes de oír el tono de llamada, escucharon la reproducción de una conversación del día anterior. El grupo denunció el caso a la presidenta de la Cámara y uno de los agentes de la comisaría del Congreso revisó la instalación y dijo que no había observado nada raro.

El entonces diputado Iñaki Anasagasti cuenta en su libro «Agur Aznar» que le preguntó a un dirigente del PSOE si pensaba que les habían estado espiando o si creía que todo era un montaje propagandístico del propio PNV. «Por supuesto que os han puesto escuchas -le respondió- pero esta sociedad está tan vacunada contra el nacionalismo que digáis lo que digáis, denunciéis lo que denunciéis, nadie os hará el menor caso».

También el parlamentario de Ezker Batua, Oskar Matute, tiene la sensación de haber sido espiado en más de una ocasión. En los tiempos en los que se estaba fraguando el Acuerdo de Lizarra-Garazi, en cuya gestión y desarrollo participó, se encontró en dos ocasiones el coche abierto y lo único que le faltaban eran algunos papeles.

A la izquierda abertzale, con descaro

El espionaje contra la izquierda abertzale ha sido una constante, pero en los últimos años se observa un mayor descaro y osadía por parte de los encargados del control, llegando a haber instalado sistemas de escuchas dentro de domicilios particulares, como el que un ex preso político comparte con otros compañeros de piso, y artilugios de seguimiento en los vehículos de varios militantes independentistas. Además de la función de control y obtención de información, este tipo de actuaciones tienen también la intención de intimidar a sus víctimas.

Uno de los episodios más chuscos en materia de espionaje lo sufrió el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en verano de 2004. Dos hombres que se hacían pasar por empleados de Euskaltel entraron en su domicilio aduciendo que debían tomar imágenes del cableado de la fachada. Una vez en la casa grabaron de forma disimulada imágenes del interior, lo que despertó sospechas. La empresa telefónica negó haber encargado un trabajo de ese tipo, por lo que la familia de Otegi presentó la oportuna denuncia, aportando la matrícula y datos del vehículo de los dos falsos técnicos de telefonía.

Durante el último proceso negociador las labores de seguimiento y control de los interlocutores de Batasuna no se frenaron en ningún momento, hasta el punto de que había mahaikides que ya conocían a los agentes encargados de sus seguimientos y cruzarse con ellos en la acera al salir de casa o verlos esperar dentro de sus vehículos en las cercanías de donde tenían aparcado el coche daba lugar a situaciones paradójicas. Pero no siempre las actuaciones policiales son tan evidentes y se limitan al seguimiento personal. El asesor de la comisión negociadora de Batasuna, Unai Fano, encontró un sistema de GPS, activable por teléfono, en su coche. Curiosamente, cuando el 1 de febrero de 2007 Fano viajaba hacia Bilbo a la rueda de prensa de denuncia del caso, fue retenido violentamente por la Guardia Civil. Pero el artilugio ya estaba en la capital vizcaina para ser expuesto ante la prensa.

Pese a las denuncias presentadas en todos los casos, no consta que haya ningún tipo de actuación penal contra los espías.