Mucho se suele hablar de la división entre «conservadores» y «progresistas» en los más altos tribunales españoles y de la previsibilidad de sus sentencias en función de los magistrados designados para juzgar cada caso. Pero cuando se trata de asuntos de Estado relacionados con Euskal Herria, la experiencia dicta que en todos -«conservadores» y «progresistas»- priman su nacionalidad sobre sus diferencias de modelo social.

Y los intereses de Estado dictan ahora que un par de causas que se ventilan en el Tribunal Constitucional y en el Supremo se aceleren para que estén finiquitadas antes de mediados de setiembre, así que los magistrados de una y otra instancia no han puesto reparo alguno a trabajar en agosto y hasta los festivos, con el objeto de que la prohibición de la consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz y las ilegalizaciones de EHAK y ANV estén firmadas para el 15 de setiembre.

Como la decisión está cantada en uno y otro caso, a buen seguro no habrán faltado tentaciones de ahorrarse estos trámites, pero como son causas que finalmente acabarán en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es preciso que los tribunales españoles cumplan con todos los formalismos.

La Sala del 61, sin vacaciones

Después de que el Tribunal Constitucional decidiera el jueves habilitar agosto para fallar sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Consulta, la Sala del 61 del Supremo fue ayer más allá y acordó habilitar todos los sábados, domingos y festivos del mes de julio y todos los días del mes de agosto con el fin de dictar «cuanto antes» la ilegalización de los partidos independentistas vascos EAE-ANV y EHAK.

Y es que el presidente de la Sala, Francisco José Hernando, que lo es también del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, no quiere que la renovación de los órganos judiciales que están ya a punto de acordar PSOE y PP le prive de firmar las ilegalizaciones de ambos partidos

Si la renovación del CGPJ se produjera antes de que se resuelvan las demandas de ilegalización, cambiaría la presidencia del Tribunal Supremo y, por lo tanto, la composición de la Sala del 61, lo que provocaría notables retrasos en los procesos de ilegalización de ANV y EHAK, que a buen seguro que el Gobierno español quiere que sean firmes para cuando se convoquen las próximas elecciones autonómicas de la CAV.

Miembros de la izquierda abertzale que ayer comparecieron en Donostia llamaron la atención sobre el hecho de que tanto ellos como sus abogados se enteran de estas cosas antes por los medios de comunicación que por los cauces oficiales. En cualquier caso, tienen claro que el objetivo final es dejar fuera de la escena política a un sector de la ciudadanía vasca y para eso «se conculcan los derechos que sean necesarios».

TC, prisas de parte

En cuanto al acelerón que dio el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Lakua lo ve bien, pero lamenta que tal decisión se haya tomado a instancias únicamente de la Abogacía del Estado, cuando la parte vasca todavía ni se había personado en la causa.

El lehendakari había solicitado en rueda de prensa al Constitucional que fallara antes del 15 de setiembre para que la suspensión no causara el «perjuicio irreparable e irreversible de hacer imposible la celebración de la consulta». También el Gobierno español alegaba esto para el caso de que el TC considerara constitucional la ley, pero da la impresión de que las prisas obedecen más a la otra razón esgrimida por Madrid: que para el 15 de setiembre no haya ninguna duda de que la consulta es inconstitucional.