La judicatura española está encasquillada. Tanto PP como PSOE han hecho de la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial uno de los principales caballos de batalla en su particular pugna política, sin importarles llegar a un bloqueo sin precedentes de todo el sistema judicial. Y no es extraño, puesto que en el envite se juegan el control sobre una de las piezas clave en el desarrollo de las ambiciones de cada bloque, habida cuenta del elevado nivel de judicialización de la política. Así, el actual statu quo y el empate técnico entre jueces «conservadores» y «progresistas» dibujan un complicado laberinto en el que cada asunto de Estado termina perdido en el callejón sin salida de los recursos sin resolver.

Pues bien, toda esta compleja maraña de intereses enfrentados, de equilibrios delicados y bloqueos numantinos se ha diluido cual azucarillo en el turbio cáliz de la «unidad nacional». El Supremo habilitará los festivos de julio y el mes de agosto entero para acelerar los trámites del proceso de ilegalización de EAE-ANV y EHAK. Y la aprobación de la Ley de Consulta de Lakua ha triunfado donde todos los negociadores de PP y PSOE han fracasado: ha conseguido que el Constitucional se ponga a trabajar. Y con ahínco. Los magistrados también sacrificarán sus vacaciones para enterrar cuanto antes la consulta.