Cerca de 100.000 inmigrantes podrían ser retornados a sus países de origen si se acogen al «Plan de retorno voluntario», explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. De este modo, los desempleados extranjeros no comunitarios percibirían un adelanto del 40% de su prestación de desempleo siempre y cuando vuelvan a sus países. Para volver a vivir y trabajar en el Estado, los inmigrantes deberían esperar al menos tres años, aunque según el Gobierno «tendrían preferencia» si esperaran cinco años.