Tal y como se hacían eco algunos medios en la edición de ayer, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su Departamento creará una unidad administrativa para vigilar de forma preventiva el cumplimiento y la ejecución de las sentencias que afectan a presos vascos y evitar así «sorpresas» en el futuro.

La unidad tendrá como función vigilar el patrimonio de los prisioneros políticos una vez que salen en libertad, con el objetivo de que no eludan el pago de las indemnizaciones económicas a las víctimas de ETA. Pérez Rubalcaba explicó que la propuesta ha sido muy bien acogida por los representantes de las asociaciones de víctimas, con quienes se reunió el pasado jueves en la sede del Ministerio del Interior.

El anuncio se produce días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitara el embargo preventivo «fulminante» de la vivienda de la esposa de Iñaki de Juana, que saldrá de prisión el próximo 2 de agosto.

Precisamente, el pasado sábado miembros del movimiento pro-amnistía comparecieron para denunciar la campaña de intoxicación que se está llevando a cabo y las medidas de excepción que se están tomando contra el colectivo de presos. En esa misma línea, denunciaron que además de la grave situación que se vive en las prisiones, se preparan «medidas de venganza para cuando son puestos en libertad». A modo de ejemplo citaron la campaña informativa y judicial puesta en marcha contra De Juana.

Por otro lado, en denuncia de la situación de los presos políticos vascos ayer se concentraron 25 personas en Zaldibia, 23 en Altza, 10 en Euba, 44 en Laudio, 25 en Ataun y 70 en Ondarroa.