Proyecto de cambio en las instituciones
Ratificada por la mínima la reforma constitucional impulsada por Sarkozy
Diputados y senadores reunidos en una sesión conjunta del Congreso en Versalles aprobaron ayer, por un margen de un solo voto, la revisión de la Constitución impulsada por el jefe del Estado, Nicolás Sarkozy, y su Gobierno conservador. Se trata de la vigesimocuarta revisión constitucional desde 1958, que, en esta ocasión, otorga nuevos poderes al Parlamento y a los ciudadanos, enmarca los del presidente e introduce el reconocimiento de las lenguas minorizadas como patrimonio del Estado francés.
GARA | PARÍS
Las dos cámaras del Parlamento francés, reunidas en Congreso en Versalles, ratificaron con una extrema precisión una reforma de las instituciones promovida por Nicolás Sarkozy y aprobada con sorpresa por un margen de un solo voto sobre la necesaria mayoría de al menos tres quintas partes (60%) de los diputados y senadores. La gobernante UMP y sus aliados de centro representaban, en teoría, el 58,5% de los votos, por lo que los esfuerzos en convencer a los vacilantes se intensificaron hasta el último momento.
El texto, que fue ratificado por 539 votos a favor y 357 en contra, otorga nuevos poderes al Parlamento y a los ciudadanos y enmarca el poder del presidente de la República. Los pronósticos de último momento daban una ventaja de una decena de votos a los favorables a la reforma de Sarkozy, pero, finalmente, siete «irreductibles» de la UMP votaron en contra del proyecto de su presidente. En el grupo socialista, sólo uno de sus parlamentarios, el ex ministro Jack Lang, coautor del texto, dio su apoyo a la reforma.
Sorpresa
Un «oh» de sorpresa acogió el resultado cuando fue anunciado en el hemiciclo del Congreso reunido en un ala del Palacio de Versalles, antes de que los parlamentarios de la mayoría se levantaran y aplaudieran su ajustada victoria.
Considerada una de las principales apuestas de Sarkozy para «modernizar» la V República y como un medio para reforzar los poderes del Parlamento, con el voto en Versalles culminó un año de reflexión, debates y enfrentamientos, exacerbados a medida que se acercaba el momento del plebiscito definitivo. Se trata de la vigesimocuarta revisión constitucional desde 1958.
Durante la intervención con la que el primer ministro, François Fillon, abrió el debate, apeló al espíritu de «responsabilidad y cohesión nacional» para que el Congreso de Versalles fiera su visto bueno a la reforma. «Nuestra Constitución no es ni de derechas ni de izquierdas. Es nuestra ley fundamental», afirmó. «Vuestro voto dibujará el rostro de nuestra demo- cracia y ese rostro no es disociable del de Francia», añadió, recordando que la elección era entre «renovación o `statu quo'». «Ésa -continuó- es la alternativa y lo demás no es más que literatura».
La votación se vio precedida de una gran incertidumbre por la anunciada negativa de los socialistas a aceptar un texto que consideran insuficiente para garantizar los derechos de la oposición, mientras que el Elíseo se movilizó intensamente para evitar lo que habría sido considerado, sin duda, como un duro golpe asestado al presidente de la República y el primer gran fracaso de su mandato.
Según los últimos sondeos, las disposiciones previstas en la ley de reforma de las instituciones son apoyadas masivamente por los ciudadanos del Estado.
«Presiones»
La oposición denunció las «presiones» ejercidas sobre algunos diputados de la derecha, reticentes a votar a favor de la reforma. De hecho, durante su descanso en Marrakech, Sarkozy multiplicó las llamadas telefónicas a los legisladores reacios de la UMP y de otros para pedirles su voto.
«Allí donde esperábamos progresos para la democracia, ustedes nos proponen reforzar la monocracia», espetó el orador socialista en el Congreso, Bernard Frimat, al anunciar el voto en contra de los senadores de su partido.
La oposición de izquierda asegura que la reforma conllevará una mayor «presidencialización» del régimen.
Mientras Versalles acogía la sesión parlamentaria en la que por un raquítico margen salió adelante la reforma propuesta por el presidente de la República y su Gobierno, Nicolás Sarkozy viajó a Dublín para, como presidente de turno de la UE, entrevistarse con el primer ministro irlandés, Brian Cowen, algunos de sus ministros, así como con líderes políticos y sociales favorables y opuestos al Tratado de Lisboa, con el fin de hallar el modo de avanzar tras el «no» del referéndum irlandés. Si en su país, la oposición le ha acusado de haber tratado de presionar hasta el último momento a diputados y senadores para lograr su apoyo a la reforma constitucional, Sarkozy aseguró que el motivo de su viaje no era «presionar» a los irlandeses sino escucharles y tratar de entender los motivos de su rechazo al Tratado de Lisboa. Durante su encuentro con Cowen cientos de personas se manifestaron frente a la sede del Gobierno para exigir a Sarkozy que respete el «no» irlandés.
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Nicolas Sarkozy expresó su «alegría» y aseguró que «es la democracia francesa la que ha ganado. Es el campo del movimiento, del cambio y de la modernidad el que ha triunfado sobre el campo del inmovilismo, la rigidez y el sectarismo».
François Fillon aplaudió el «éxito» logrado en Versalles y consideró que «el impulso reformador» de su Gobierno va a «reforzarse aún más». En su discurso previo había apelado a la responsabilidad de los parlamentarios a la hora de votar.
El líder del Grupo socialista en la Asamblea, Jean-Marc Ayrault, calificó el resultado de «patético» y apuntó a Jack Lang, que se desmarcó de la línea del partido, como culpable. «Entre los socialistas ha sido el único que no actuó con solidaridad», se lamentó.
El proyecto de reforma constitucional pretende reforzar los poderes del Parlamento, encuadrar los de jefe del Estado y dar más derechos a los ciudadanos, pero también tiene implicaciones en política exterior y defensa. El texto mantiene la obligatoriedad de someter a referéndum toda futura ampliación de la UE, pero abre la posibilidad de que el jefe del Estado opte por la vía parlamentaria si se lo piden los legisladores. Por otra parte, todo envío de soldados al exterior deberá comunicarse en tres días al Parlamento, cuyo visto bueno será necesario si la misión supera los cuatro meses.
Limita a dos los mandatos consecutivos del jefe del Estado y le reconoce el derecho a comparecer ante diputados y senadores reunidos en Congreso, una vez al año. Los poderes que le otorga la Constitución serán limitados en caso de grave crisis, no podrá conceder una amnistía general y dejará de presidir el Consejo Superior de la Magistratura.
Los parlamentarios podrán vetar los principales nombramientos hechos por el jefe del Estado, que podrán rechazar en comisión, y el orden del día, que una vez al mes lo decidirá la oposición, será fijado entre las cámaras y el Gobierno. Asimismo, los ministros que dejaron su escaño lo recuperarán en caso de cese o dimisión, y los franceses residentes en el extranjero estarán también representados.
Por primera vez, las lenguas minorizadas serán reconocidas como parte del «patrimonio de Francia». Además, se podrán organizar referendos por iniciativa popular o parlamentaria y a los ciudadanos se les permitirá recurrir ante el Consejo Constitucional y contarán con un defensor de sus derechos , que será nombrado por el presidente.
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Para el Partido Comunista (PCF), el Parlamento, que desde hace un año es continuamente «menospreciado, ridiculizado y martirizado» por el presidente de la República, le dio, no obstante, mayoritariamente su voto.
