El caso de las térmicas de Castejón llegará al Parlamento Europeo
«Vamos a convertir el asunto de las térmicas de Castejón en un asunto europeo y público. Llevaremos a la Comisión Europea las sentencias contrarias a la ampliación de estas centrales, y vamos a tratar de que se aplique la ley e impere el sentido común». Así lo anunció ayer en Iruñea el europarlamentario del Grupo de los Verdes David Hammerstein, que ofreció una rueda de prensa junto con los portavoces de la Plataforma de la Ribera + Centrales No.
Iñaki VIGOR |
Las sentencias contrarias a la ampliación de las centrales térmicas de Castejón suponen «un precedente» para todo el Estado español. Así lo afirmó ayer David Hammerstein, quien destacó la importancia de este caso por cuanto que «busca paralizar este proceso de impunidad que existe por parte de las grandes empresas eléctricas».
«Estamos ante un caso de abuso de poder. No nos podemos quedar con los brazos cruzados -remarcó-, como ha ocurrido en otros muchos casos en que la Justicia nos ha dado la razón pero luego se niega a poner las medidas cautelares necesarias para paralizar el mal en favor del bien común».
Tras advertir de que los jueces «probablemente pedirán a la Plataforma una fianza de millones de euros para poder paralizar la actividad de la empresa que ha incumplido la legalidad», Hammerstein dijo que la Justicia «debería actuar según el principio de precaución».
«Nosotros pedimos el cumplimiento de la sentencia, pero eso -precisó- debería ser exigido por el propio Tribunal. Si lo pone en manos de los ciudadanos, a sabiendas de que es imposible pagar una fianza millonaria, entonces estamos ante una paradoja tremenda, porque hay una ilegalidad que no se corrige».
Por ello, anunció que presentará una petición en el Parlamento Europeo, lo que daría posibilidad para una audiencia pública en la que solicitarían que se descarte la ampliación de las centrales de Castejón.
También pedirá una nueva evaluación ambiental de las centrales, «situadas en una zona sobresaturada de proyectos energéticos que ya sufre una contaminación fotoquímica muy alta, lo que está teniendo impactos sobre valores ambientales con protección europea y también sobre la calidad de la agricultura en la Ribera».
Por su parte, Jesús María Tomás, portavoz habitual de la Plataforma de la Ribera + Centrales No, hizo una valoración de la sentencia del TSJN del pasado 12 de junio, que declara nulo el PSIS para ampliar en 400 MW la central de Hidrocantábrico. «Esta sentencia es enormemente positiva, porque supone un triunfo más en este largo y complicadísimo proceso», afirmó. Según informó, si ahora las empresas eléctricas y el Gobierno de Nafarroa no presentan recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la sentencia sería firme y ejecutable, al igual que la anterior sentencia de diciembre de 2007, que denegó la autorización ambiental integrada para la central porque está a menos de 2.000 metros de Castejón.
Respecto a la reciente valoración que ha hecho Miguel Sanz, en el sentido de que estas sentencias «no se deben magnificar», Tomás le respondió que «su imprudencia llega ya a lo estrambótico», que sus declaraciones son «una ridiculez política espantosa» y que «estamos en manos de un auténtico ignorante, altamente peligroso».
Tras criticar las actitudes del Defensor del Pueblo Navarro y de su homólogo para el Estado en este asunto, el portavoz de la Plataforma afirmó que, «ante sentencias de este tipo, el Gobierno de Navarra considera que el Estado de Derecho viene a ser un instrumento que sólo es válido cuando interesa a las necesidades del poder político, convirtiéndose en auténticos terroristas medioambientales».
También señaló que «los intereses económicos que vinculan a estas centrales térmicas con el Gobierno Foral son claros», recordando que el secretario general de la empresa promotora de Hidrocantábrico es Jaime Ignacio Del Burgo, y que el Ejecutivo de Sanz compró acciones de Iberdrola con dinero público.
«Dejación del Gobierno»
Eduardo Santos, abogado del equipo jurídico de la Plataforma, agregó que el Gobierno de Nafarroa «ni siquiera había pedido las garantías que establece la Ley Foral de Ordenación del Territorio para los proyectos de urbanización promovidos por empresas privadas».
«La sentencia del TSJN ratifica la de diciembre de 2007 y además aprecia una dejación por parte de la Administración. Pero aunque estas sentencias nos den la razón -aclaró-, teóricamente se podría poner en marcha la central. En el momento que consideremos oportuno, pediremos a los tribunales que se suspenda su actividad y no produzca el daño medioambiental».
El europarlamentario del Grupo de Los Verdes David Hammerstein dijo que «estamos ante un caso de abuso de poder», y advierte de la posible petición de fianzas de millones de euros si se pide que se ejecuten las sentencias.
Jesús María Tomás, de la Plataforma de la Ribera + Centrales No, acusó al Gobierno de Nafarroa de utilizar el Estado de Derecho «sólo cuando interesa al poder político» y de ser «auténticos terroristas medioambientales».