Una de las grandes cualidades del gobierno de Lula es el no criminalizar a los movimientos sociales, reprimidos durante el gobierno de Cardoso hasta por las tropas del Ejército. Si Lula los tratase como caso de policía, y no de política, estaría condenando su propio pasado.

Muchos son los que recuerdan las huelgas y manifestaciones obreras lideradas por el actual presidente de la República en el ABC paulista: los helicópteros del Ejército sobrevolando el estadio de Villa Euclides y apuntando sus armas hacia la asamblea de metalúrgicos; las tropas de la Policía Militar en el cerco de la matriz de São Bernardo do Campo, donde se encontraban los dirigentes obreros; los vehículos del DEOPS llevando capturados a dirigentes sindicales.

Eran los tiempos de la dictadura. Hoy hemos recuperado el Estado de Derecho, en el cual la huelga, las manifestaciones y las reivindicaciones son derechos asegurados por la Constitución Federal. Excepto en Rio Grande do Sul, donde aún impera la arbitrariedad.

En setiembre del 2007 la Brigada Militar, como es conocida la PM gaucha, trató de impedir la marcha de tres columnas de sin-tierra hacia el municipio de Coqueiros do Sul. En un informe entregado al comandante general de la BM, al Ministerio Público del RS y al Ministerio Público Federal, el subcomandante Paulo Roberto Mendes Rodrigues describe al MST y la Vía Campesina como «movimientos criminales».

En diciembre del 2007 el Consejo Superior del Ministerio Público gaucho designó un equipo de promotores para «promover acción civil pública con vistas a la disolución del MST y declararlo ilegal». ¿Cuándo exigirá el poder judicial el fin del latifundio?

Entonces se decidió la «intervención en las escuelas del MST, a fin de tomar todas las medidas que fueran necesarias para la readecuación a la legalidad, tanto en el aspecto pedagógico como en la estructura de influencia externa del MST». Esta decisión es contraria al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos reconocido por el gobierno brasileño (Decreto 592, 6/7/92). Además de irrespetar la Constitución Federal.

El 11 de marzo de este año el Ministerio Público Federal denunció a ocho integrantes del MST por «integrar agrupaciones que tienen por objetivo el cambio del Estado de Derecho» y acusó a los campamentos del movimiento de constituirse en «Estado paralelo», apoyado por las FARC... Lo cual contradice las conclusiones de la investigación penal de la Policía Federal, que investigó al MST en el 2007, concluyendo que no había vínculos del movimiento con las FARC ni comisión de crímenes contra la seguridad nacional.

El MST es un movimientos legítimo, que mantiene a cerca de 150 mil personas acampadas a la orilla de las carreteras, evitando que engrosen el cinturón de miseria de las ciudades. Y defiende el derecho de acceso a la tierra de 4 millones de familias que, en las últimas décadas, fueron expulsadas del campo debido a la expansión del latifundio y del agronegocio, y por la construcción de represas y el aumento de los intereses bancarios.

Por principio el MST adopta en sus acciones el método de no violencia, como lo hacían Gandhi y Luther King (quienes, por lo demás, recibieron acusaciones semejantes y murieron asesinados). Las áreas ocupadas son improductivas o invadidas por acaparadores que se adueñaron de tierras pertenecientes al poder público, como sucede en el caso de muchas haciendas del Pontal do Paranapanema (SP).

Brasil y Argentina son los únicos países de las tres Américas que nunca hicieron reforma agraria. Nuestro país es el que posee más tierras cultivables en el continente: cerca de 600 millones de hectáreas, de las cuales 710.2 mil km2 (59% del territorio nacional) se encuentran en situación irregular, invadidas por acaparadores y latifundistas.

El MST lucha por la democratización de la tierra, de modo que se priorice la producción de alimentos para el mercado interno (con 120 millones de potenciales consumidores), a través de pequeñas y medias propiedades, fuera del control de las empresas transnacionales, garantizando la soberanía alimentaria en nuestro país. Un cambio sustentable de la estructura agraria requiere un nuevo patrón tecnológico capaz de preservar el medio ambiente e implantar en el interior agroindustrias en forma de cooperativas y facilitar a todos el acceso a una educación de calidad.

No es posible admitir que las tierras del Brasil pasen a ser propiedad de extranjeros sólo porque tienen dinero. Debieran estar al alcance de las familias beneficiarias del Proyecto Bolsa Familiar. De ese modo el gobierno ya no tendría que preocuparse por aumentarles sus entradas. Más que comida, estufa o nevera, esas familias necesitan tener condiciones de acceso a la tierra, de modo que puedan emanciparse de la tutela federal y producir sus propios ingresos.

Todos los derechos de la ciudadanía -voto de las mujeres, legislación obrera, jubilación- fueron conquistados por los movimientos sociales. Y la historia de todos ellos, en cualquier país o época, no difiere de lo que hoy enfrenta el MST: incomprensiones, persecuciones, masacres y asesinatos (Eldorado dos Carajás, Dorothy Stang, Chico Mendes), etc. Si el precio de la libertad es la eterna vigilancia, el de la democracia es socializar el poder, evitando que sea privilegio de una casta o de una clase.

© Alai-Amlatina.Traducción de J.L.Burguet