Ni al PNV ni a Lakua parece agradarles el pacto de estado apalabrado por Zapatero y Rajoy sobre el «fin de la violencia». A tenor de las declaraciones de sus portavoces habituales, no están de acuerdo con que se entierre la llave del diálogo, porque «los objetivos de la reinserción social y de la convivencia quedarían en la cuneta», en palabras cuidadosamente medidas de Urkullu. La portavoz Azkarate, por su parte, rescataba el artículo décimo del Pacto de Ajuria Enea -el que apuesta por un «final dialogado»- como pertrecho dialéctico frente al contrato rubricado en Madrid.

Dicen que no les gusta. De hecho, no cabía esperar una reacción de adhesión del PNV a un discurso que retrocede en el tiempo para repetir las viejas recetas represivas contra el ideario independentista y quienes lo defienden. Pero, cuando todo apunta a que este país se apresta a revivir negros capítulos de su historia reciente, limitarse a expresar gustos y querencias resulta insuficiente. ¿Qué van a hacer PNV y Gobierno de Lakua para defender de forma activa lo que pregonan verbalmente? Importan los hechos. Sin ellos, se podría pensar que mientras discrepan se lavan las manos. O se las frotan.