El capricho de un hombre contra la voluntad de todo un pueblo. Ése es el esquema de respuesta mediática a la suspensión de la consulta que el PNV ha marcado en las últimas semanas y mantendrá en las próximas. A nadie se le escapa que formalmente el presidente del Gobierno español es el último responsable de la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Consulta, así lo expone la propia Abogacía del Estado en su impugnación. Pero no es más que un formalismo. Si la propuesta se hubiera llevado a las Cortes españolas, al menos 323 de los 35o diputados y 238 de los 263 senadores -los elegidos en las listas de PSOE y PP- habrían apoyado el recurso y la suspensión de la consulta. El problema es ése: que la voluntad del «pueblo español» se impone a la del pueblo vasco. No es una cuestión de caprichos personales, sino un choque de soberanías, es decir, un conflicto político de raíces históricas. Quien impide decidir a los vascos del sur es el Estado español -se llame como se llame el presidente del Gobierno de turno- apoyándose en un marco jurídico-político que algunos de los que ahora se rasgan las vestiduras contribuyeron a consolidar hace veintinueve años y que hace poco más de año y medio se negaron a superar.

Pero esta personificación de todos los males en Rodríguez Zapatero no es inocente ni casual. Los análisis del EBB señalan que el atractivo del actual presidente del Gobierno español -así como el rechazo al PP- fueron determinantes para que el PSE superara al PNV en 124.562 en la CAV en las pasadas elecciones al Congreso y determinan a su vez que Rodríguez Zapatero es el principal activo electoral del PSE para las próximas autonómicas, muy por encima del atractivo personal que pueda tener Patxi López. Por eso, mientras que a López intentan ridiculizarlo, a Zapatero pretenden magnificarlo como el principal enemigo no sólo del derecho a decidir, sino incluso del actual Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, esta táctica de marcado tinte electoral deja a su vez al descubierto un flanco vulnerable del PNV: la evidencia de que su estrategia en torno a la consulta no tiene como objetivo ni la paz ni la normalización política, sino la búsqueda de rentabilidad en términos de escaños, que le permita conservar los espacios de gestión y poder que llevan acumulando desde hace lustros en la CAV.