Un «represor muy peligroso» se fuga de una comisaría de Argentina
Julián Corres estuvo al cargo de un centro clandestino de detención en Bahía Blanca durante la dictadura argentina. El sábado, huyó de comisaría saliendo «por una puerta sin control». El fiscal afirmó que su fuga supone «un retroceso muy significativo» para la investigación.
GARA |
El ex teniente coronel Julián Corres, detenido por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina, se fugó el sábado de una dependencia policial de la ciudad de Bahía Blanca, a 680 kilómetros al sur de Buenos Aires, con la excusa de «ir al servicio». Fue detenido el pasado 3 de abril en Buenos Aires tras permanecer prófugo año y medio. Ahora, estaba a la espera del inicio del juicio oral.
Varias víctimas acusaron a Corres, alias «Laucha», de ser uno de los torturadores del centro clandestino de detención conocido como «La escuelita», que funcionó en dependencias del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca.
Él mismo reconoció ante el magistrado que fue «jefe de operativos» en Tucumán en los inicios de la dictadura. De esa provincia fue trasladado a Bahía Blanca, donde se infiltró entre los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur.
Según el informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, en la zona de Bahía Blanca hubo como mínimo 24 muertes y 28 desapariciones. 86 detenidos quedaron libres. El fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, advirtió que se trata de «un represor muy peligroso» y que su fuga supone «un retroceso muy significativo en la investigación».
Incidió en que «pudo haber connivencia y complicidad policial para la fuga». De hecho, Corres «salió por una puerta prácticamente sin control» de la comisaría de la Policía Federal. «Ahora, hay que desentrañar qué pasó. Puede haber habido una mera omisión o connivencia. Mi experiencia, teniendo en cuenta al personaje, es que podría existir una red de complicidades entre el poder civil y el aparato del Estado», resaltó.
«No tenía que haber estado detenido en una dependencia policial sino en una unidad penitenciaria como había dispuesto el tribunal en junio», criticó el fiscal.