Un centenar de países demandan a la OMC mayor protección de sus economías
Un centenar de países pobres exigieron a la OMC que garantice un mecanismo de salvaguardas ante la liberalización del mercado agrícola que amenaza sus frágiles economías. Estos países reclaman que, en caso de un aumento abrupto de las importaciones agrícolas, puedan incrementar sus aranceles en mayor medida de lo propuesto en Ginebra, en las negociaciones de treinta países para desbloquear la Ronda de Doha sobre liberalización del comercio.
GARA |
Siete días no han sido suficientes para salvar siete años de negociaciones comerciales sobre liberalización de los mercados agrícolas, industriales y de servicios. Los treinta miembros de la OMC reunidos en Ginebra durante una semana seguirán hoy con diversos encuentros para intentar lograr una propuesta de acuerdo que presentar a los 153 países miembros.
Un sinfín de temas de negociación, que van desde los servicios al plátano, o los bienes industriales, se mezclan en reuniones bilaterales, grupos reducidos y encuentros de los treinta. «Es como hacer juegos malabares con varias pequeñas bolas, intentando no hacer caer ninguna», según explicó ayer un diplomático.
La reunión del sábado sobre la apertura del mercado de los servicios parecía augurar un acuerdo dentro de la agenda prevista en la cumbre. El pasado viernes, Estados Unidos, UE, Brasil, India, China, Australia y Japón negociaron una serie de cifras sobre los dos capítulos clave de la denominada Ronda de Doha para la liberalización del comercio: la agricultura y los productos industriales.
Esta propuesta recibió la aprobación de la mayoría de las delegaciones. No obstante, India, Argentina e Indonesia aún no lo consideraron un texto válido. Ayer se reunieron en pequeños grupos para discutir de los numerosos temas pendientes y a continuación se reunieron las treinta delegaciones para una sesión de síntesis.
Mecanismo de protección
De hecho, el propio negociador europeo, Peter Mandelson, reconocía ayer en su blog que no existía garantías de que sobreviviera «el frágil conjunto que comenzó a nacer viernes por la noche».
Entre las partes del rompecabezas que quedan por armar figura la cuestión del mecanismo de protección, una defensa arancelaria deseada por países en desarrollo en caso de que se produzca un aumento importante de las importaciones de uno o más productos agrícolas. El proyecto de Lamy estipula que un país pueda aumentar sus derechos de aduana hasta un 15% sobre sus niveles actuales si el aumento de las de importaciones sobrepasa un 40%. Un centenar de países, entre ellos India, Indonesia, Turquía, Filipinas y representantes del grupo africano y del grupo de economías vulnerables, divulgaron ayer un documento en el que juzgan que este límite máximo del 40% es demasiado elevado y les impedirá desencadenar el mecanismo de protección casi en cualquier caso. Reclaman que el país importador tenga derecho de aumentar sus aranceles al menos en 30 puntos porcentuales. Por el contrario, exportadores como Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Chile quieren una utilización lo más restrictiva posible de este mecanismo.
«Quedan todavía muchos problemas por solucionar, pero el mecanismo de protección es uno del principales», admitió el portavoz de la OMC, Keith Rockwell. Estos cien países también consideran insuficientes las medidas de protección de productos especiales ante una reducción arancelaria excesiva. Otro tema espinoso, el de algodón, opone a los países africanos con Estados Unidos y la Unión Europea. Los principales países productores de algodón africanos (Mali, Benín, Burkina Faso y el Chad) piden que los estados industrializados, esencialmente EEUU, reduzca sus subvenciones que, a su juicio, reducen los precios mundiales y penalizan el sector en los países pobres.
Los productores africanos salieron descontentos de un encuentro con un la representante estadounidense, Susan Schwab, ya que estimaron que «no hay nada concreto» sobre una reducción de subvenciones de Estados Unidos.
La propuesta de Lamy estipula que un país pueda aumentar un 15% sus aranceles si las importaciones de productos agrícolas aumentan más de un 40%. Un centenar de países piden poder aumentar un 30% los aranceles incluso ante un aumento de importaciones menor.
La cumbre continuará hoy ante las dificultades que se mantienen. Los países pobres también creen insuficiente la protección de productos especiales. Los productores africanos de algodón criticaron que EEUU no planteó nada concreto para reducir sus subsidios a este cultivo.
Los países latinoamericanos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico en torno a los aranceles del banano, lo que pone fin a un litigio histórico que duraba al menos quince años. Hasta ahora, el arancel grava con 176 euros por tonelada la entrada del banano latinoamericano al mercado europeo. Una cincuentena de países del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico) están exentos de ese gravamen y se benefician con un arancel cero para sus exportaciones de banano a la UE, gracias a un sistema de preferencias comerciales. La última propuesta de Lamy establece que a partir del 1 de enero de 2009 el arancel de la UE al fruto latinoamericano se reducirá de 176 a 148 euros por tonelada hasta llegar a 114 euros por tonelada en 2016. Las exportaciones de banano son cruciales para países como Ecuador -primer exportador mundial y proveedor en Europa- Costa Rica, Colombia y Panamá. Guatemala, Nicaragua, Honduras y Perú también lo exportan en menor escala.
El grupo de estados ACP (África, Caribe y Pacífico), por su parte, se mostró dispuesto a frenar el acuerdo si no conseguía «compensaciones suficientes» por el impacto económico, que ocasionaría la medida, según afirmó el ministro de Comercio camerunés, Luc Mbarga Atangana. Africanos y caribeños piden que se retrase esta reducción al menos hasta 2011 o 2012 y que su aplicación sea más moderada. Mbarga Atangana subrayó que suavizar la rebaja arancelaria es fundamental no sólo para la economía de los países de África sino también para los productores de plátano de Estados europeos, como los de Canarias o Madeira.
