El mismo día en que la vicelehendakari del Gobierno de Lakua, Idoia Zenarrutzabeitia, daba a conocer los argumentos que presentará ante el Tribunal Constitucional para que levante la suspensión de la consulta anunciada para el próximo 25 de octubre, el presidente del PNV en Bizkaia, Andoni Ortuzar, afirmaba que su partido está «dispuesto a implicarse» en la lucha contra ETA y colaborar así con Madrid.

Ortuzar precisó sólo que el PNV no dará «un cheque en blanco» a Zapatero, porque «ha demostrado que no es de fiar». En este sentido, solicitó «garantías para saber que entramos a un proceso limpio en el que el PNV va a ser actor como los demás, no convidado de piedra».

Por su parte, Zenarrutzabeitia constataba que la hipotética consulta del 25 de octubre «no es un referéndum que requiera de autorización estatal y no atenta contra la soberanía nacional, ni es una consulta encubierta sobre el derecho de autodeterminación».

La vicelehendakari del Gobierno autonómico estimó que el Tribunal Constitucional debe atender su petición porque, según argumentó, «no puede inmiscuirse en el debate que plantea el texto» y porque lo con- trario supondría «un falseamiento de los resultados electorales» en los tres territorios bajo su administración.

No aclara los siguientes pasos

Las alegaciones que Lakua presentará al máximo tribunal español antes de la fecha límite del 8 de agosto habilitada para ello constituyen, según informó Zenarrutzabeitia en rueda de prensa, el «primer paso» de las medidas jurídicas e institucionales anunciadas por el tripartido en respuesta a lo que calificó como «atropello al autogobierno» por parte del Gabinete de Zapatero. No obstante, no aclaró qué otros pasos dará su Gobierno en el supuesto de que el TC rechace sus argumentos.

A juicio de Zenarruzabeitia, el recurso del Ejecutivo español es una iniciativa «estrictamente política, teñida de razonamientos jurídicos, que interpreta interesadamente la voluntad del legislativo vasco para confundir no sólo al TC sino también a la opinión pública, y hacer creer socialmente poco menos que estamos ante un referéndum de independencia, algo radicalmente falso».

Uno de los argumentos que esgrimirá Lakua es que «no es su intención en esta ley ni en este momento inventarse un sujeto constituyente, sino, haciendo uso de su autonomía política, propiciar un escenario de negociación sin exclusiones de ningún tipo y dar cauce al contencioso político en clave de nor- malización política».

También argumenta que las dos preguntas formuladas por la mayoría del Parlamento de Gasteiz «no se hallan insertas en ningún procedimiento decisorio, ni cuestionan en su contenido acerca de una decisión previa adoptada provisoriamente por el órgano convocante en el ejercicio de sus atribuciones».

«Tan sólo se pretende -reconoció Zenarrutzabeitia- recabar el estado de opinión sobre dos cuestiones presentes en el debate político autonómico, sin que el resultado de la consulta en cualquiera de las dos preguntas pueda, por su propia naturaleza, vincular ni jurídica ni políticamente a nadie».

Unai Ziarreta (EA) denunció que «este pueblo tiene en marcha la iniciativa política más importante de los últimos años y no se entiende la posición del PNV, para el que parece que la consulta es sólo algo más».