El Comité de los Derechos Humanos de la ONU muestra en este informe su inquietud por el hecho de que la ley francesa de 23 de enero de 2006 permita mantener durante cuatro días en comisaría a las personas sospechosas de «terrorismo», con una posible prolongación de dos días más, antes de ser trasladadas ante el juez. De esta forma, hace suyas las quejas trasladadas por organizaciones como Behatokia y Human Rights Watch, que habían insistido en la violación de los derechos humanos por parte del Estado francés en la aplicación de la «legislación antiterrorista».

Este Comité también muestra su preocupación por el hecho de que, en los casos de personas detenidas bajo sospecha de «terrorismo», no esté garantizado el acceso a un abogado hasta que no han transcurrido 72 horas de la detención, pudiendo alargarse esta situación hasta el quinto día de estancia en comisaría si este periodo es prolongado por el juez.

Del mismo modo, el Comité toma nota de que el derecho a guardar silencio durante el interrogatorio de la Policía, tenga o no que ver con actos de «terrorismo», no está explícitamente garantizado en el Código Penal.

Según las recomendaciones del Naciones Unidas, el Estado francés «debería vigilar que cualquier persona detenida acusada de una infracción penal, incluso las personas acusadas de terrorismo, deberían ser presentadas en el más corto espacio de tiempo delante de un juez».

El derecho del detenido a comunicarse con un abogado constituye, a juicio del Comité, una «garantía fundamental contra los malos tratos». A este respecto, considera que el Estado francés «debería hacer que las personas detenidas acusadas de actos de terrorismo se pudieran beneficiar inmediatamente de la asistencia de un abogado», así como ser informadas de que tienen derecho a guardar silencio durante el interrogatorio por parte de la Policía.

«Un periodo razonable»

En lo que se refiere al periodo de prisión provisional «en los casos de terrorismo y crimen organizado», el Comité de Naciones Unidas expresa su preocupación por el hecho de que este periodo puede llegar a alcanzar cuatro años y ocho meses. A este respecto, señala que «está garantizada» la asistencia de un abogado de la defensa y el reexamen periódico del periodo de prisión por el juez de libertades y de prisiones, así como el derecho de recurso.

Sin embargo, matiza que «la práctica institucionalizada de un encarcelamiento prolongado a fin de llevar a cabo la investigación, antes de la acusación definitiva y el juicio penal, es difícilmente conciliable con el derecho a ser juzgado en un periodo razonable», tal como aparece garantizado en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado francés.

Por ello, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU afirma que «debería limitar la duración de la estancia en la cárcel antes del juicio y reforzar el papel de los jueces de libertades y de prisiones».

Entre otras cosas más, recomienda al Estado francés que examine la práctica consistente en mantener a las personas condenadas en «retención de seguridad» después de haber cumplido su plena de reclusión.