El rechazo a la ilegalización del AKP ha supuesto un alivio para la UE, que temía que se abriese una crisis profunda en Turquía, país considerado como socio estratégico, pero destacaron que esta sentencia no supone un avance en el proceso de adhesión de Ankara.

«Aunque es evidente que es una buena noticia, esto no acelerará el proceso de adhesión», señaló Katinka Barysch, analista de Centre for European Reforms de Londres.

«En cambio, sí que va a permitir que los responsables del AKP se centren en lo que la UE lleva años reclamándoles: reformas económicas, reforma del sistema judicial y libertad religiosa», añadió Barysch.

El comisario de Ampliación, Olli Rehn, por su parte, animó al Gobierno de Turquía a «retomar con toda su energía las reformas para modernizar el país». Una ilegalización del AKP hubiera supuesto una convocatoria de elecciones anticipadas que habría retrasada las reformas que la UE reclama a Ankara.

«La UE ha sido muy criticada por sus reticencias hacia Turquía y por el retraso en las negociaciones, por lo que ha sido acusada de contribuir a la crisis», destacó Kirstie Hugues, experta sobre Turquía.