Ramón SOLA

A su pesar, los familiares de los presos vascos están muy acostumbrados a madrugar y echarse a la carretera. Ayer lo volvieron a hacer de modo masivo, pero no con rumbo a una lejana cárcel española o francesa sino al santuario de Loiola, en el centro de su país. Acudieron para decirle al lehendakari de Lakua, en tono sosegado pero contundente y sobre todo masivo, que no olvidan que en estos nueve años de gobierno «no ha hecho absolutamente nada» por más de 700 vascos y vascas presos.

La imagen de la doble hilera interminable de familiares, cada uno con el retrato de uno de los 736 presos actuales -muy pocos tuvieron que llevar dos para completar el número-, reflejaba el volumen de esta parte de la ciudadanía vasca que sigue presa y que Etxerat denuncia que Ibarretxe «oculta». Así lo dijo Elías Miner en nombre del colectivo, después de hacerle entrega de un informe con datos exhaustivos sobre lo ocurrido desde que el laudioarra llegó a Ajuria Enea en 1999.

El lehendakari probablemente no esperaba tal recibimiento. En años anteriores, Etxerat le había llevado siempre su mensaje hasta Loiola, pero con menos concurrencia que ayer. Los familiares dejaron claro una vez más que para ellos no hay vacaciones porque tampoco las hay para los presos, y que si el domingo se echaron a las playas y hoy lo harán a las carreteras tampoco iban a faltar en Loiola. Los cerca de 700 congregados, llegados de todos los herrialdes, componían una doble fila de cerca de 200 metros de longitud, desde las escalinatas de acceso al templo hasta la carretera de acceso. Por el medio pasó Ibarretxe, cariacontecido y sin levantar la mirada, en compañía del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano (PNV), y la presidenta de las Juntas de Gipuzkoa, Rafaela Romero (PSE).

La pasividad que Etxerat censura al lehendakari contrastó con el grado de movilización de los familiares. Pese a que su llegada se esperaba para las 11.00 y la cita para los medios estaba fijada a las 10.30, para las 10.15 todos estaban ya listos con los más de 700 retratos de los ausentes. Dos pancartas de más de 30 metros recogían también todas las caras, nombres y localidades de los presos.

Tras una paciente y silenciosa espera de 40 minutos, bajo un finísimo xirimiri, a las 10.55 las autoridades aparecieron en un autobús y los familiares estallaron en un único grito: «Euskal presoak etxera». La demanda se haría notar por encima de los sonidos de los txistus y tambores que acompañaban a la comitiva, y seguirían resonando sin parar después de que Ibarretxe entró en la iglesia. Fueron, en total, doce minutos reivindicando sin parar que los presos políticos vascos estén en casa cuanto antes. Y el grito sólo se inte- rrumpió, a petición de los responsables de Etxerat, para que los periodistas pudieran recoger las declaraciones de Miner.

«Es mentira»

El propio hermano del preso Imanol Miner se encargó de entregarle en mano el informe que ha elaborado Etxerat sobre lo ocurrido en estos nueve años, tanto en las cárceles como en los viajes de los familiares. Ibarretxe escuchó sus palabras sin levantar los ojos, pero no le respondió hasta casi la entrada al templo. Según explicó luego el representante de Etxerat, el jefe del Gobierno de Lakua se mostró molesto por el acto y afirmó reiteramente que el inmovilismo que le espetan los familiares «es mentira». Al colectivo también le resultó significativo que Ibarretxe trajera a colación en este momento el incidente producido hace unos meses, cuando a Etxerat se le impidió la entrada en Lakua a un acto «por las víctimas» al que el colectivo reitera que había sido invitado. El lehendakari lo niega.

Miner explicó, frente a la exculpación de Ibarretxe, que los datos cantan por sí solos. El balance pone de manifiesto como consecuencia más dramática las diez muertes en las carreteras y las siete vidas perdidas en prisión o justo al salir de ella, pero refiere también más de medio millar de familiares y amigos heridos en siniestros. El agravamiento incesante de la política carcelaria es otra evidencia objetiva: hay más presos que nunca (736 a finales de junio), y con cumplimentos de pena cada vez más largos por la negativa a conceder libertades condicionales y la aplicación de la bautizada como «doctrina Parot».

En este contexto, lo que Etxerat echa en cara a Ibarretxe es que «no ha hecho nada» e «intenta esconder a esta parte de la sociedad» cuando «su deber es defender a todos los ciudadanos de este pueblo». Miner incidió en que «con ello no está haciendo más que agrandar el sufrimiento de presos y familiares». Unos familiares que volvieron a sus casas con la satisfacción de haberse hecho ver y oír por el lehendakari, muy a su pesar.