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Madrid solicita a Estrasburgo que no aborde la ilegalización en vista pública

El Gobierno español se ha puesto alerta ante la opción de que el Tribunal Europeo aborde la ilegalización en la llamada Gran Sala y en una vista pública. Ha reclamado que no se haga así alegando que esto contribuiría a la «propaganda» de la izquierda abertzale.

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La Abogacía del Estado ha planteado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que se opone a que el recurso de Batasuna contra su ilegalización sea elevado a la llamada Gran Sala, máxima instancia de la institución. Al margen de la cuestión competencial, el Ejecutivo del PSOE teme que ello suponga que el tema se analice en una vista pública.

La petición de la Abogacía del Estado fue destapada ayer por agencias de información. Explicaron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha informado a Madrid de la intención del tribunal encargado del tema de inhibirse en favor de la citada Gran Sala. Aseguran que esta iniciativa fue trasladada a la representación estatal, por carta, el pasado 4 de julio, ante lo que la Abogacía ha formulado su posición contraria.

La parte estatal, que siempre ha afirmado estar convencida de que Estrasburgo le dará la razón, alega en primer lugar que esta eventual inhibición «comportaría sin duda nuevos retrasos, contribuyendo a prolongar excesivamente el plazo en que serán resueltos».

Así, expone que «las demandas de esos asuntos han sido introducidas ante el Tribunal hace casi cinco años y la necesidad de evitar retrasos indebidos aconseja mantenerlos en la jurisdicción de la Sala a la que fueron atribuidos».

Sin embargo, en paralelo los servicios jurídicos del Estado no ocultan el temor que les suscita una audiencia pública que dé relieve informativo al caso. En concreto, argumentan que «la inhibición no es en absoluto neutra desde el punto de vista del entorno de apoyo a la banda terrorista ETA, como no lo sería que se convocara una audiencia pública».

«Confirmándose estas posibilidades, serán sin duda utilizadas por la propaganda de estos grupos para poner en cuestión la actividad legítima de los poderes públicos», añade.

En esta comunicación de respuesta, se hace referencia además a casos anteriores en que finalmente no se produjo tal in- hibición en favor de la instancia máxima.

El recurso fue admitido a trámite en diciembre pasado, algo que ocurre sólo en aproximadamente el 1,5% de los casos. Por ahora no existe fecha aproximada de resolución para el caso.

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